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Kissy Chandiramani participa en Ceuta en una reunión con otras autonomías para reclamar medidas al Gobierno
Política
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La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Kissy Chandiramani, ha participado hoy en una reunión junto con sus homólogos de Andalucía, Murcia, Madrid, Galicia y Castilla y León.

Una vez finalizado el encuentro, los consejeros han realizado una declaración conjunta en la que solicitan una serie de medidas al Gobierno de la Nación. Por su parte, la representante del Gobierno de la Ciudad ha hecho hincapié en que Ceuta pasa por momentos muy complicados, no solo por el "tsunami" que ha supuesto la pandemia, sino también por el cierre de la frontera que ha provocado una doble crisis económica.

Además, la consejera ha recordado que la Ciudad está asumiendo competencias muy importantes en materia de Educación o Inmigración, en este último caso atendiendo a los marroquíes que quedaron atrapados a consecuencia del cierre fronterizo.

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En la declaración conjunta han solicitado lo siguiente:

  1. Solicitar al Gobierno de España la convocatoria urgente e inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como órgano creado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para la coordinación multiateral entre la actividad financiera presupuestaria y de endeudamiento de las haciendas regionales y la estatal, habida cuenta que pese a que su reglamento (artículo 6.3 de Acuerdo 1/1981, de 20 de agosto) establece que “habrá de reunirse, como mínimo, dos veces al año”; en 2019 no se reunió, y en 2020 desde el mes de febrero no se reúne, pese al impacto de la pandemia en el estado de las finanzas públicas.
  2. Exigir al Gobierno de España cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y facilitar a las comunidades autónomas los documentos técnicos necesarios para que puedan realizar su planificación económico-financiera, y en particular, el informe de evaluación de la economía española y el nuevo límite de gasto no financiero (obligaciones que se recogen en los artículos 15 y 30 de la LOEPSF, y que deberían realizarse en el primer semestre del año); así como la previsión por entregas a cuenta para el ejercicio 2021, que al menos deberían ser iguales a las del ejercicio actual, y la valoración del tratamiento de la liquidación de las entregas del ejercicio 2020.
  3. Reclamar al Gobierno de España valorar y revisar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad para 2020, realizando un reparto justo y equilibrado del nivel de déficit entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, habida cuenta que según el informe 3/20 emitido por la AIREF el 17 de julio estima que las CC.AA. podrían alcanzar en 2020 un déficit entre el 0,4% y el 0,9% del PIB, una vez incorporadas las transferencias del Fondo COVID-19, por lo que el límite actual proyectado (previo a la entrada COVID en España) del 0,2% es un objetivo muy dificil de alcanzar para el conjunto de sector.
  4. Proponer al Gobierno de España que desarrolle una estrategia que hemos llamado de “Déficit Inverso”, de forma que se realice una distribución justa, equilibrada y coordinada del límite de déficit y deuda entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas atendiendo la realidad del gasto, aplicando de manera responsable la cláusula de escape regulada en el artículo 135.4* de la Constitución Española, como una herramienta de política fiscal expansiva que permita cubrir con deuda la menor financiación de 2021; preservando el gasto en sanidad, educación y dependencia, así como gastos sociales y servicios básicos, sin subir impuestos, y con el objetivo de retornar en 2022 al equilibrio presupuestario. Con ello, la Administración General del Estado podría acaparar la mayor parte del déficit público del conjunto de Administraciones en el ejercicio 2020, permitiendo cubrir la financiación de los gastos de su competencia sobrevenidos y los menores ingresos que ha provocado la crisis del Covid; garantizando el aumento para 2021 y 2022 de los límites de déficit y deuda de las Comunidades y Ciudades Autónomas, en función de la previsión de mayores necesidades presupuestarias que van a surgir, puesto que tal y como señala la AIReF en el informe 3/2020 serán en dichos ejercicios cuando la financiación de las comunidades autónomas se verá gravemente afectada, por menores ingresos previstos para 2021 y 2022, y por la liquidación dos años después de las entregas del ejercicio 2020. Esta medida es la traslación a las Comunidades de régimen común y Ciudades Autónomas para los ejercicios 21 y 22 de los acuerdos que el Gobierno de España ha suscrito en relación con la capacidad de endeudamiento para el ejercicio 2020 con el País Vasco y Navarra, que por su específico régimen de financiación notarán los efectos principalmente en el ejercicio 2020 (al igual que la Administración General del Estado). Asimismo, se hace preciso activar un mecanismo similar que atienda a las especificidades de las Ciudades Autónomas, frente a la pérdida de recaudación en estas administraciones.
  5. Instar al Gobierno de España a consensuar con las Comunidades y Ciudades Autónomas la creación y distribución de un Fondo COVID para el ejercicio 2021, a fin de tener previsto de manera anticipada la financiación extraordinaria que fuese necesaria para apoyar a las Comunidades y Ciudades Autónomas frente a distintos escenarios de incidencia de la enfermedad durante el próximo año.
  6. Insistimos al Gobierno de la Nación en la urgencia de reactivar la reforma del sistema de financiación autonómica iniciada tras la Conferencia de Presidentes autonómicos de enero de 2017 y el informe de expertos; y presentar un cronograma de los trabajos para su desarrollo, debate y negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se hace necesario, en tanto y cuanto se configura el nuevo modelo, aprobar de manera urgente un fondo transitorio compensatorio que corrija el funcionamiento del sistema actual, elevando los recursos de todas las Comunidades Autónomas, y garantizando que se aportan los recursos necesarios para proveer de servicios públicos en igualdad de condiciones en todos los territorios.
  7. Requerimos urgentemente al Gobierno de España a facilitar por información sobre el reparto vertical y horizontal del Fondo “Next Generation EU” acordado en la Reunión Extraordinaria del Consejo Europeo de los días 17, 18, 19, 20 y 21 de Julio entre los diferentes niveles de administración (Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Provincial y Local), de modo que las administraciones territoriales puedan ir incorporando tales previsiones en los presupuestos de 2021. La distribución de los fondos europeos para la recuperación debe distribuirse entre las regiones en base a criterios objetivos, con los mismos elementos utilizados en el seno de la UE para el reparto entre estados miembros: población, desempleo e impacto de la crisis en el PIB. Es imprescindible que el diseño y ejecución del Plan de Recuperación de España que será enviado a la Comisión Europea en el marco del Fondo “Next Generation EU”,sea elaborado en coordinación con las Comunidades y Ciudades Autónomas, Diputaciones y Ayuntamientos.
  8. Proponemos al Gobierno de España la reforma para el impulso de la colaboración público-privada. La colaboración público-privada es un elemento fundamental para el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras y servicios, que a la vez que impulsa la actividad económica y la creación de empleo alivia la presión sobre el presupuesto de las administraciones públicas. Para impulsar y desarrollar esta palanca de inversión es necesario analizar y resolver determinadas deficiencias identificadas que tiene el sistema de colaboración público-privada en España, y que afectan a todas las fases del ciclo de su preparación, contratación, ejecución y terminación de contratos. Por ello proponemos al Gobierno la modificación de la regulación establecida en la normativa sobre desindexación de la economía española, vinculada a la Ley de Contratos del Sector Público, y que actualmente constituye en la práctica un obstáculo para el impulso, desarrollo y realización de contratos de concesión en un momento tan importante.
  9. Desplegar una política tributaria que reduzca las cargas impositivas para aquellos sectores que dinamizan la actividad empresarial, la llegada de inversión y la generación de empleo.
  10. Ofrecer al resto de Comunidades y Ciudades Autónomas total cooperación para consensuar aquellas medidas que redunden en el interés general de los españoles, y garanticen la financiación necesaria que permitan a nuestras administraciones prestar unos servicios sanitarios, educativos y sociales de calidad. Por ello, y ante la falta de convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, emplazamos a todos los consejeros de Comunidades y Ciudades Autónomas a celebrar un foro de trabajo para abordar los asuntos económicos financieros trascendentales para nuestras administraciones regionales y ciudades autónomas.
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Ceuta, Viernes 30 de Octubre del 2020

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