Dando cumplimiento así a una sentencia firme del Tribunal Supremo, el Pleno de la Asamblea, reunido este viernes en sesión extraordinaria y a propuesta de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, ha declarado “nulos” los artículos 16.II y 25 del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de todo el personal funcionario de la Ciudad, así como “ejercitar las acciones judiciales necesarias en el orden social” para dar cumplimiento al dictamen emitido por el Consejo de Estado que ha declarado ilegales los premios de jubilación.
Sobre estos, la consejera Kissy Chandiramani, ha explicado que lo aprobado por el Pleno supone un trámite “formal” para culminar el expediente que, a tal efecto, fue incoado el pasado mes de junio.
Tanto Vox como MDyC han sido los más críticos en esta cuestión. Por su parte, el diputado y portavoz de Vox, Carlos Verdejo, volvía a señalar al PP y al presidente Vivas como los principales culpables de esta situación, acusándoles de “ir en contra de la ley”, mientras que la diputada y portavoz localista del MDyC, Fátima Hamed, resaltaba que el informe del Tribunal de Cuentas es “lapidario” y pedía una mayor transparencia en cuanto a los pasos que se van a dar por parte del Ejecutivo local en este asunto, del que aseguró que “reviste más gravedad de lo que pudiera parecer, ya que la denuncia que presenta el Ministerio Fiscal pone de manifiesto ciertas irregularidades”.
Finalmente, Chandiramani, recordaba a Vox que el premio de jubilación ha sido controvertido en los últimos tiempos y en todo el territorio nacional, insistiendo en que no se trata de un hecho que solo afecte a Ceuta, para seguidamente poner de manifiesto que ahora “seguiremos las recomendaciones técnicas y jurídicas que planteen los funcionarios de la casa, que son quienes conocen perfectamente este expediente”.
La titular de Hacienda también ha indicado que a partir de ahora, y tal y como ha venido realizándose desde un primer momento, se seguirán las “recomendaciones técnicas y jurídicas” que establezcan los funcionarios de la Administración autonómica, no existiendo, ha recalcado Chandiramani, ninguna “voluntad políticos” de perjudicar a ningún funcionario que se haya visto afectado por las resoluciones judiciales.
