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El Defensor del Pueblo tramitó 17.697 quejas y dirigió 1.152 resoluciones a las administraciones en el 2018.
Política
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy el Informe Anual 2018 a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz.

El año pasado, la Institución tramitó 17.697 expedientes, entre quejas (16.998), investigaciones de oficio (372) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (327). A esta cifra hay que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente: 17.923, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.

Además, formuló a las Administraciones un total de 1.152 resoluciones, de las cuales 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 309 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.

Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes, por este orden, lideraron el número de quejas recibidas en la Institución. El año pasado continuaron recibiéndose quejas que muestran que es necesario mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Fernández Marugán ha destacado que “ahora que la situación económica es mejor es el momento de diseñar políticas económicas distintas, de invertir en política pública”.

En este sentido, el Defensor del Pueblo considera necesario aplicar con urgencia iniciativas y reformas, así como aumentar el personal y los medios materiales, en ámbitos como la sanidad, la educación y la atención a personas mayores y a personas dependientes. Asimismo, ha pedido aumentar la oferta pública de vivienda protegida.

La merma en la calidad de la atención sanitaria debido a algunas carencias, humanas y materiales, especialmente en centros hospitalarios de menor tamaño, y a dificultades asociadas a la dispersión o a la ubicación geográfica y problemas relacionados con el transporte sanitario, tanto en su modalidad programada como urgente, fueron motivo de queja por parte de los ciudadanos.

Por otra parte, destacan las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia de listas de espera y en el ámbito de la atención primaria, principalmente en lo relativo a la falta de facultativos, tanto pediatras como médicos de familia.

Un año más el Defensor del Pueblo ha insistido en la “ineludible necesidad de obtener un Pacto de Estado por la Educación con él que se pueda dotar a nuestro sistema educativo de la estabilidad que viene precisando”. Fernández Marugán considera que “un buen sistema educativo no se improvisa, sino que necesita tiempo para implantarse y perfeccionarse”.

En relación con los menores extranjeros no acompañados se han recibido numerosas quejas sobre los procedimientos de determinación de la edad incoados, tanto a personas extranjeras indocumentadas como a otras que contaban con documentación acreditativa de su minoría de edad. La Institución ha pedido que en la Ley integral de protección a la infancia contra la violencia se incorpore un capítulo que regule el procedimiento de determinación de la edad.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha reiterado su preocupación ante la inexactitud de los datos contenidos en el Registro central de menores extranjeros no acompañados. En opinión de Fernández Marugán, “este registro constituye uno de los instrumentos más eficaces para la protección del interés superior de los menores, por lo que resulta imprescindible abordar sin más demora su revisión profunda”.

También han continuado las actuaciones por las demoras o no tramitación de la autorización de residencia que corresponde a los menores extranjeros no acompañados, tutelados por la Administración. Además, siguen recibiéndose numerosas quejas por la situación de irregularidad documental en la que quedan estos menores al alcanzar la mayoría de edad.

Las dificultades para la inserción sociolaboral de los menores extranjeros no acompañados, mayores de 16 años, preocupan especialmente al Defensor del Pueblo. La principal herramienta para una efectiva integración es la incorporación al mercado laboral de este colectivo.

Así, de nuevo en 2018, se reiteró una recomendación a la Secretaría de Estado de Migraciones para la concesión de autorizaciones para trabajar que fue rechazada. Para el Defensor la negativa a hacer constar en las tarjetas de identidad de estos jóvenes que se encuentran autorizados a trabajar, supone una discriminación y una diferencia de trato con el resto de menores, mayores de 16 años, tanto españoles como extranjeros, a los que la normativa autoriza a trabajar sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Una vez más, el Defensor ha reiterado su apoyo incondicional a las víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos. Así, en el Informe Anual reclama más implicación de las administraciones para acabar con la violencia machista y recuerda que la Institución está realizando un seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El Defensor considera que en materia migratoria hay tres cuestiones que siguen necesitando de una intervención urgente por parte de la Administración y son: los retrasos en la tramitación de expedientes de nacionalidad, el elevado número de solicitudes de protección internacional pendientes de resolver y la acogida que se está realizando de las personas que intentan acceder de manera irregular a España.

La necesidad de mejorar los datos estadísticos sobre trata de seres humanos en España constituye una preocupación del Defensor del Pueblo. Se reconocen los avances en esta materia, ya se recogen los datos desglosados por sexo, nacionalidad y forma de explotación. Sin embargo, siguen detectándose notables diferencias entre los datos oficiales facilitados por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado y la Fiscalía General del Estado.

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es el tributo que generó mayores problemas, acompañado en 2018 por los impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía municipal) y sobre actos jurídicos documentados (IAJD).

La lentitud de la justicia es un tema que preocupa especialmente a los ciudadanos. Por este motivo, el Defensor del Pueblo ha realizado un análisis de las quejas relativas a dilaciones judiciales y ha lanzado propuestas para intentar mejorar la situación de la Justicia. Así, la Institución recuerda en su informe anual que el proceso judicial es solo uno de los medios de solución de conflictos jurídicos y considera que los poderes públicos deben fomentar que se regulen adecuadamente otros sistemas de resolución extrajudiciales. El Defensor aboga por potenciar la mediación, el arbitraje y la conciliación como instrumentos de resolución extrajudicial de conflictos.

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Ceuta, Sábado 19 de Octubre del 2019
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