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El Defensor del Pueblo pide un Pacto de Estado por la igualdad
Política
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En el Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana 8 de marzo, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, pide un Pacto de Estado por la Igualdad y asegura que “una sociedad que no concilia es una sociedad sin futuro”.

Fernández Marugán apunta que 12 años después de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres aún persisten en nuestra sociedad problemas como la violencia de género, la discriminación laboral y salarial de las mujeres y los problemas para conciliar la vida personal y laboral.

El Defensor considera que se han logrado grandes avances que hay que consolidar y señala que “esta sociedad no puede permitirse dar ni un solo paso hacia atrás en materia de igualdad”.

La Institución ha constatado que las mujeres, en general, tienen más dificultades para acceder a un empleo acorde a su cualificación y una vez encontrado acaban topándose con más obstáculos para avanzar en su carrera que los hombres.

Al Defensor le preocupa la falta de acciones para acabar con la brecha salarial y subraya la necesidad de seguir implementando medidas de conciliación para que mujeres y hombres tengan igualdad de condiciones en el ámbito laboral y en el familiar.

Mediante su trabajo diario el Defensor vigila que las administraciones pongan todos los medios a su alcance para garantizar que la igualdad entre hombres y mujeres que proclama la Constitución sea una realidad. Así, actúa para que el marco legal sea interpretado del modo más favorable y amplio posible para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.

En este sentido, desde la Institución se han realizado actuaciones para conceder flexibilidad horaria por motivos de conciliación de la vida personal y laboral, para la compatibilidad del permiso de lactancia con la excedencia para el cuidado de hijos, o para que se recoja expresamente en el Estatuto Básico del Empleado Público el permiso por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización de familiares y parientes de pacientes que precisen reposo domiciliario.

El Defensor también ha pedido a la Agencia Tributaria que las mujeres que hayan sido despedidas de manera improcedente y readmitidas después por sentencia judicial en su puesto de trabajo, no pierdan el derecho a la deducción por maternidad durante el periodo comprendido entre el despido y la reincorporación laboral.

Para Fernández Marugán las administraciones públicas deben ser ejemplares en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad y tienen que garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres, tal y como estableció la Ley de Igualdad. Así, por ejemplo, en 2018 recomendó la modificación del Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Comisión de Codificación para garantizar el cumplimiento de la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

El Defensor ha reiterado su apoyo incondicional a las víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos. En este sentido, considera fundamental reforzar la capacitación y sensibilización de todo el personal que interviene en la protección integral a las víctimas de este tipo de violencia, mediante formación especializada, continuada, obligatoria y evaluable, que preste atención particular a las necesidades de las mujeres y de sus hijas e hijos.

Fernández Marugán considera que “un maltratador nunca puede ser un buen padre” y para proteger a las niñas y niños, pide que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas. Además, en su opinión, es necesario que la valoración del riesgo que realiza la policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración individual y específica de la situación de riesgo de sus hijas e hijos.

Por otra parte, el Defensor ve imprescindible que desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se adopten nuevas medidas para promover y coordinar a las administraciones públicas implicadas en la lucha contra la violencia machista. Así, considera que se debería valorar la posibilidad de impartir instrucciones para que los Puntos de Encuentro Familiar comuniquen a las unidades contra la violencia sobre la mujer, a los juzgados y a la Fiscalía cualquier riesgo que detecten que pueda afectar a mujeres, a niñas y a niños.

Por último, el Defensor denuncia que aunque la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género contemplaba la creación de unidades de valoración forense integral en todo el territorio todavía hoy no están implantadas en todas las provincias. En este sentido, urge a su implantación total para atender a todos los juzgados.

La situación de las mujeres privadas de libertad preocupa especialmente al Defensor del Pueblo por tratarse de un colectivo vulnerable. Sólo un 7,5% de la población reclusa son mujeres y debido a su menor entidad numérica, en ocasiones, parece que sus necesidades como mujeres se vuelven invisibles. En la actualidad, sólo hay tres centros penitenciarios de mujeres y el resto cumplen condena en módulos habilitados en prisiones masculinas.

En 2018 la Institución ha comenzado a realizar visitas con perfil de género para analizar los principales problemas que tienen las mujeres privadas de libertad.

Tal y como constató el Defensor del Pueblo en su Informe “Crisis Económica y Desigualdad” (2018), la brecha de género en la cuantía media de las pensiones roza el 40% y la proporción de mujeres que acceden a una pensión de jubilación es también ese mismo porcentaje inferior a la de los hombres.

Por otra parte, y según datos oficiales, el 99% de las beneficiarias de una pensión de viudedad son mujeres. La Institución lleva tiempo defendiendo la necesidad de que el importe de estas pensiones sea digno y suficiente. Así, requirió información a la Administración sobre la posibilidad de impulsar la mejora de estas pensiones, prevista en la ley desde el año 2011. Tras informar la secretaría de Estado de la Seguridad Social que dicha mejora se ha producido en el verano de 2018, el Defensor prosigue sus actuaciones tras conocer que dicho incremento se les ha negado a personas a las que en su día les fue reconocida una pensión de seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI), que se dejó sin efectos económicos por ser incompatible con el cobro de la pensión de viudedad.

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Ceuta, Domingo 24 de Marzo del 2019
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