El Defensor del Pueblo dice que sus actuaciones quieren beneficiar a toda la ciudadanía
Política
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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido este martes en el Senado ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar el Informe Anual de la Institución correspondiente al año 2021.

En este ejercicio, el Defensor del Pueblo ha tramitado 29.401 expedientes, entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo. Además, ha formulado 2.231 resoluciones a las diferentes administraciones. Y fueron atendidas 33.708 personas, la mayoría telefónicamente.

Ángel Gabilondo, que ha acudido al Senado junto a las dos adjuntas de la Institución -Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena- señaló que la Institución no solo busca soluciones individuales, sino que intenta extraer consecuencias de carácter general que puedan beneficiar a toda la ciudadanía. “El trabajo que realizamos desde la institución Defensor del Pueblo es muchas veces solo un paso, que deseamos clave, en una tarea más amplia, pues esta Institución no está llamada a zanjar directamente los problemas que se le plantean, pero aspira siempre a ser un agente eficaz en los intentos de solución y en su adecuado planteamiento”, apuntó.

Asimismo, el Defensor del Pueblo, manifestó que los informes anuales son un instrumento privilegiado que permite conocer los problemas que los ciudadanos y ciudadanas plantean y las carencias en la actuación de los poderes públicos. En esta línea, Gabilondo destacó que las personas que se dirigen con sus quejas a al Defensor tienen que saber “que no están solas, que hay caminos y que, además, esta Institución las escucha y atiende” y que traslada sus quejas a los poderes públicos para que se adopten las medidas oportunas para su solución.

Durante su intervención, el Defensor del Pueblo, que recordó que las tareas y actuaciones del informe presentado corresponden casi en su totalidad al periodo de Francisco Fernández Marugán, dijo que 2021 ha estado marcado por las secuelas del impacto de la COVID-19 y “sus gravísimas repercusiones sociales y económicas de alcance mundial”. Así, explicó que la incidencia de la pandemia ha sido extraordinaria llegando a producir, incluso, una cierta paralización de muchos proyectos, medidas o protocolos puestos en marcha. A su juicio, su repercusión se ha notado en la salud pública y también “ha afectado de un modo significativo a la percepción respecto del funcionamiento de la Administración Pública que tiene la sociedad española”, remarcó.

A lo largo de su comparecencia, Ángel Gabilondo hizo un repaso de las principales actuaciones de la Institución en 2021.

En materia sanitaria destacó que se han recibido 2.245 quejas que han cuestionado determinadas políticas y medidas administrativas de salud pública, tales como la saturación de los centros de salud; el aumento de las listas de espera; la restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales y en el acceso a las residencias de mayores, las dificultades en la aplicación del certificado COVID o el elevado precio de las PCR. 

Por lo que respecta a la política social, el Defensor resaltó que el impacto de la COVID ha supuesto “un antes y un después” en la atención residencial de personas mayores, dependientes o con discapacidad. Además, la crisis pandémica ha supuesto una verdadera emergencia social para muchas personas. En este contexto, Ángel Gabilondo aseguró que el Ingreso Mínimo Vital “está llamado a ser un importante elemento redistributivo y de cohesión social” y recalcó que la Institución ha formulado varias resoluciones para mejorar su aplicación.

La mayor parte de las quejas en materia educativa en 2021 hicieron referencia a los problemas ocasionados por la pandemia. Las familias plantearon dudas por los protocolos COVID; los sistemas de ventilación; el absentismo escolar de menores vulnerables y las dificultades de la educación no presencial, entre otros asuntos. La Institución realizó actuaciones para evitar que la crisis sanitaria tuviese un impacto negativo en la educación. Ángel Gabilondo insistió en la necesidad de ampliar la oferta educativa pública en el primer ciclo de educación infantil para avanzar en la conciliación de la vida laboral y familiar.

Durante 2021 se incrementaron las quejas de víctimas de violencia de género relacionadas con procesos de guarda, custodia y regímenes de visita. El Defensor abogó por “mejorar la detección de riesgos en los que se encuentran las víctimas y facilitarles el acceso a los recursos disponibles, desde la intervención de emergencia hasta la integración social”.

La dificultad de acceso a la vivienda es otro de los asuntos que han suscitado un importante número de quejas ante el Defensor del Pueblo en 2021. Ángel Gabilondo afirmó que el parque público de viviendas sociales es exiguo y no da respuesta a todas las demandan que reúnen los requisitos y ha reclamado procedimientos de adjudicación de viviendas más ágiles y transparentes.

En materia económica, el Defensor indicó que se recibieron numerosas quejas que evidencian la insuficiencia de los servicios de reclamaciones de las entidades reguladoras. Además, se tramitaron expedientes sobre el servicio eléctrico, sobre todo relacionados con problemas en el suministro, facturación, arbitrariedad con los consumos estimados o con el reconocimiento de la condición de beneficiario del bono social eléctrico y del bono social térmico. La Institución también actuó de oficio por la opacidad del modelo de factura eléctrica. La brecha digital es otro asunto que preocupa especialmente a la Institución, que ha actuado de oficio por los problemas que el impacto de las nuevas tecnologías tiene sobre colectivos con dificultades para acceder a ellas.

En relación al empleo público, Ángel Gabilondo recordó que desde 2010 se ha producida una continua merma de empleados por la falta de reposición de efectivos. También señaló que la Institución ha alertado sobre la elevada tasa de temporalidad en el empleo público. La crisis sanitaria puso de manifiesto la infradotación del personal sanitario y por ello ha pedido medidas estructurales para garantizar la suficiencia de personal.

El incremento de fenómenos meteorológicos extremos y la creciente exigencia por la calidad del medio ambiente formaron parte del debate público y de numerosas quejas recibidas, junto con el impacto de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los espacios protegidos. Los ciudadanos reclamaron una mayor protección de los espacios naturales y la Institución realizó actuaciones por la degradación del Mar Menor, la afección de las masas de agua subterráneas de Doñana y el Plan de Protección del Delta del Ebro. El Defensor del Pueblo también destacó otras intervenciones relativas a la contaminación de ciudades como Gijón y Madrid y la comercialización en España de plaguicidas prohibidos en la UE.

En materia migratoria, Gabilondo pidió un refuerzo de los servicios públicos para mejorar el sistema de acogida, la detección de las personas con necesidades de protección internacional o posibles víctimas de trata, y mejorar la protección de los menores extranjeros no acompañados. El Defensor del Pueblo relató algunas actuaciones destacadas en 2021, como las realizadas en Ceuta, Melilla o Canarias.  

En lo que respecta a los asuntos de Seguridad y Justicia, Ángel Gabilondo valoró que la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia incorpore recomendaciones de la Institución para mejorar la protección de las menores víctimas de violencia de género, y ponga fin al uso de contenciones mecánicas en los Centros de Internamiento para Menores Infractores. También se refirió a los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA, subrayando la necesidad de seguir trabajando para aclararlos.

Asimismo, reiteró la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Además, señaló que se recibieron 833 quejas relacionadas con centros penitenciarios.

El Defensor del Pueblo aludió, a su vez, a la situación de la invasión de Ucrania por Rusia y recordó que “hoy nos encontramos ante una crisis humanitaria de primera magnitud que conlleva atender su repercusión en los derechos humanos de millones de personas afectadas, y trabajar por facilitarles el refugio y la ayuda que precisan”.

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Ceuta, Jueves 29 de Septiembre del 2022

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