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"La Verdad de Ceuta" es un diario digital independiente, objetivo, plural y abierto para que el pueblo de Ceuta pueda expresar libremente lo que desee.

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Carles Mulet, senador de Compromís.
Política
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El senador de Compromís Carles Mulet, presentó una batería de preguntas para saber la implicación del Gobierno central, dentro de sus competencias para la protección de lenguas minoritarias como el cántabro, leonés, asturiano, extremeño ( según la denominación popular de esta lengua en cada territorio), el aranés, aragonés, la fala extremeña, el portugués rayano, el romaní, o el bereber de melilla y árabe de ceuta, al ser lenguas que no cuentan todavía con la cooficialidad.

Mulet recordaba que La Constitución Española dice que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. “ Se refiere pues, a todas, independientemente de su número de hablantes o de si ha asumido o no su cooficialidad. Existen parlamentos autonómicos que sí han cooficializado su lengua propia y han emprendido acciones para la protección y respeto de su lengua autóctona, otros en cambio están todavía en camino de hacer realidad esto.”
El especial respeto y protección a las modalidades lingüísticas no se limita pues a los gobiernos autonómicos, sino al propio Estado

Ya en el preámbulo de la Constitución queda claro que el objeto de este texto legal es proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Por ello se pregunta, ¿Qué medidas ha desarrollado el Gobierno del Estado, desde la aprobación de la Constitución, para proteger y respetar el todas las lenguas españolas ( se preguntó lengua por lengua).

La respuesta del Gobierno es que, de acuerdo con las prescripciones al respecto del artículo 3 de la Constitución Española (CE), y en particular de su apartado 3, que establece que “La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”, muestra de manera reiterada su voluntad de respetar y proteger la realidad de la denominada España plural y su característica de plurilingüismo, generador de riqueza cultural, social y económica.

Cabe señalar que dicha voluntad de protección y respeto se ha manifestado en el desarrollo de políticas eficientes de protección de las lenguas cooficiales distintas del castellano y de promoción del plurilingüismo, así como de garantía de los derechos de los ciudadanos que residen en Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales. Dichas políticas se han traducido en la promoción o aprobación por el Gobierno de un gran número de normas que tienen por objeto directo reconocer y fomentar el uso de dichas lenguas en todos los ámbitos, así como en otras actuaciones y medidas con idéntico objetivo.

Como ejemplos de dicha manifestación de esfuerzo normativo cabe destacar la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que reconoce en su artículo 13 c) el derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que señala en su artículo 17 que los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión; o el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que garantiza en su artículo 54 la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.

Por otra parte, cabe citar el Real Decreto 905/2007, de 6 de julio, por el que se crean el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado (AGE) y la Oficina para las Lenguas Oficiales. El Consejo de las Lenguas Oficiales es el órgano de análisis, impulso y coordinación de los Departamentos ministeriales en relación con el uso de las lenguas cooficiales que, a través de las diversas reuniones ya celebradas -la última en diciembre de 2018- ha impulsado el uso de las lenguas cooficiales en las Comunidades Autónomas, lo que se ha traducido en avances en la traducción de impresos, modelos, carteles, etc., en los servicios de la AGE en las Comunidades Autónomas así como en el uso en las páginas webs y sedes electrónicas de los Ministerios y, de manera destacada, en la capacitación lingüística del personal que presta sus servicios en la Administración del Estado en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial (cursos del Instituto Nacional de Administración Pública –INAP- en colaboración con las Comunidades Autónomas, en los propios servicios periféricos, etc.).

El Consejo se encuentra asistido permanentemente por la Oficina para las Lenguas oficiales de la AGE, dependiente de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. En la citada Oficina se elaboró en el año 2019, por encargo del Consejo, un Informe de diagnóstico sobre el estado de situación en cuanto al grado de cumplimiento del uso de las lenguas cooficiales en la AGE y sus organismos adscritos y vinculados. En este Informe, que se puede consultar en el portal web del citado Ministerio, se ha pretendido alcanzar los siguientes objetivos:

-Valorar los principales elementos que constituyen las obligaciones en esta materia de la AGE, a partir de lo recogido en las normas aplicables -así como las instrucciones, guías y otros documentos- y en las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa sobre el cumplimiento por parte de España de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias o Regionales.- Identificar de forma individualizada, homogénea y objetiva el grado de desarrollo y realización de las características de cada obligación, en cada Departamento ministerial, incluso aquellas que no se hayan detectado en un primer momento en este modelo.Por otro lado, es oportuno destacar que en el marco de la responsabilidad del Estado para atender los compromisos derivados de la atención a las prescripciones de la mencionada Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (Consejo de  Europa), se han presentado de manera sucesiva informes trienales sobre el cumplimiento de la misma. Con respecto al Quinto Informe, el último, el Comité de Expertos que evalúa el cumplimiento de la Carta detectó avances muy considerables en la aplicación por España de sus compromisos, tanto por parte de las Comunidades Autónomas como por parte del Gobierno del Estado.En este informe se incluye un amplio apartado dedicado a cada una de las lenguas cooficiales así como a las lenguas minoritarias en España, cada uno de los cuales recoge información aportada por las Comunidades Autónomas, Entidades Locales así como los Servicios Periféricos del Estado en materias como educación, sanidad, servicios sociales, medios de comunicación, etc. Además, cabe destacar el apartado dedicado al Instituto Cervantes, como promotor y difusor de las lenguas españolas en el extranjero, con especial mención a los cursos en lenguas cooficiales que se imparten en sus delegaciones de todo el mundo.

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Ceuta, Lunes 01 de Junio del 2020
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