El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MdyC) ha exigido hoy el restablecimiento inmediato del transporte adaptado a las personas con discapacidad.
En un comunicado, MdyC razona que todas las personas, con especial hincapié, por parte de los poderes públicos, en la protección de los niños y niñas con discapacidad que, por su vulnerabilidad y necesidad de salvaguarda y atención específica, requieren de una mayor atención, han de poder disfrutar del derecho a la educación y, por consiguiente, han tener la posibilidad y oportunidad de que se les garantice acceder a un sistema educativo, en igualdad de condiciones y, en las mejores y óptimas situaciones de accesibilidad y adaptabilidad con las que lograr y conseguir que se prime una educación de calidad, basada y asentada en los principios primordiales e inexcusables de la equidad, la inclusión y la justicia.
Ante esta tan relevante premisa, es lógico desgranar y llegar a la conclusión de que los poderes públicos y los respectivos organismos responsables, tienen la obligación legislativa y moral de desarrollar todas aquellas respuestas de atención e intervención que permitan y logren mejorar la calidad de la educación, bajo una ineludible y objetiva coordinación y cooperación, que logre reforzar el funcionamiento del sistema educativo para mejorar y atender a los sectores más vulnerables, con actuaciones de participación y conexión social, reales y efectivas.
Sin embargo, lamentablemente, esta frecuente y sencilla respuesta de actuación, está muy alejada de la verdadera intervención y gestión que desarrolla y lleva a cabo la Consejería de Educación, Cultura y Mujer y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Ceuta, como organismos responsables en la materia de atención e intervención educativa; atendiendo al dispuesto relevante de garantizar, fomentar y propiciar el acceso universal de la ciudadanía a la educación, tal y como, se estipula y establece en el artículo 27 de la Constitución Española; los citados organismos, vuelven a incidir en desarrollar y en implementar convenios y gestiones completamente nulas, en las que se recompensa a la desorganización, desigualdad y exclusión y en la que la "desventaja" está siendo "alimentada" por la pésima gestión del gobierno.
Es irracional y desatinado por parte de los organismos responsables, que el funcionamiento del servicio de transporte escolar adaptado, del que son responsables, no tenga fijado con la ciudadanía un compromiso de calidad y responsabilidad que garantice servicios todos los días del curso y en el que se planifiquen alternativas para disponer de vehículos adaptados con los que evitar que las personas con discapacidad de los diversos barrios de la ciudad(en especial de los periféricos) queden sin ir al cole porque el "eficaz" gobierno no haya previsto ni plantee en sus agendas de reconocimiento "la lealtad y compromiso y dignidad" que los niños y niñas con discapacidad se merecen.
Pues, que los niños y niñas con discapacidad y movilidad reducida, no puedan acudir al centro de educación especial "San Antonio" por el hecho de que no se haya planificado y conjugado de manera eficiente las medidas obligatorias y necesarias de accesibilidad, como es el contemplar servicios y programas complementarios de transportes adaptados para las situaciones imprevistas, es un ejemplo claro y evidente que pone de manifiesta la ineptitud y la falta de colaboración, coordinación y compromiso con la población infantil con discapacidad.
Privar de un transporte adaptado y no ofrecer una solución y respuesta viable con el que el alumnado con discapacidad y sus familiares puedan ver solventados los impedimentos y las dificultades originadas por la discapacidad y la falta de movilidad es una tácita infracción moral que vulnera los derechos elementales del menor, su protección y la salvaguarda de su bienestar, que se aleja notablemente de la inclusión educativa y social que toda ciudadanía desea, (pero que los poderes públicos parecen obviar) bajo el principio de la igualdad de oportunidades educativas como cimento primordial del derecho a la educación.
Resulta indignante e inmoral que quienes han de proteger y salvaguardar el interés del menor, quienes han de garantizar jurídicamente el derecho a la educación mediante políticas de inclusión sean quienes con su gestión y falta de rigor social, ético y/o moral incrementen las trabas y obstáculos a los que las personas con discapacidad se enfrentan incitando así, a una clara manifestación de discriminación y exclusión educativa y social.
Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en nuestro compromiso de atención a toda la ciudadanía en igualdad de oportunidades y condiciones, queremos denunciar y manifestar públicamente, nuestro rechazo ante la situación de desprotección por la que están atravesando estos menores y, posicionarnos sin lugar a dudas, con ellos/as y con el desasosiego, preocupación e incertidumbre que sienten muchos de los padres y de las madres de los alumnos y alumnas con discapacidad que ven como la falta de implicación por parte de los poderes públicos en la resolución de la problemática y la atención a las necesidades y demandas de sus hijos e hijas son toda una "eminencia" de fracaso y falta de solidaridad, compromiso y obligación de responsabilidad real con respecto a los niños y niñas con discapacidad, sus familias y la sociedad, en general.
Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía reivindica y exige, que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y la Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la ciudad desarrolle en beneficio del alumnado con discapacidad y necesidades especiales que requieran del servicio de transporte adaptado, para poder acceder al derecho a la educación, medidas efectivas y específicas, con las que facilitar la inclusión educativa en igualdad de oportunidades, un protocolo de actuación y coordinación real, serio y efectivo, que solvente las situaciones imprevistas que como en el caso actual impiden el desenvolvimiento normalizado del menor con su entorno educativo y su derecho a recibir la garantía de una educación de calidad.
