IU-Ceuta ha recordado hoy en un comunicado que la Conferencia Episcopal ha distribuido recientemente, con la prensa diaria, un folleto donde afirma que sus 2.458 centros privados-concertados suponen un ahorro para el erario público de 3.601 millones de euros. Aseguran también que atienden a un total de 1.434.524 estudiantes (casi todos en centros concertados), por lo que vienen a decir que nos ahorran al menos 2.510 euros por alumno y curso. Esta afirmación no parece basarse en ningún estudio científico, sino en su profunda fe en que lo privado es más rentable que lo público, o en su creencia en los "milagros". Pues no podría calificarse más que de milagro la continua tergiversación de datos a los que nos tiene acostumbrados el clero, en este y otros tantos temas, cuando hace publicidad (engañosa) de sus cuentas.
Sin embargo, la investigación realizada por el Área Federal de Educación de Izquierda Unida, titulada El coste de la plaza escolar en la pública y en la concertada, desmiente rotundamente ese mito interesado acerca de que la educación privada-concertada sea más barata que la pública. Demostrando en ella que este tipo de informaciones y titulares sobre el pretendido "ahorro público" que supone la enseñanza privada-concertada, no son más que una burda manipulación.
Exclusivamente desde el punto de vista económico, a igualdad de condiciones, ambos modelos cuestan lo mismo (4.185 euros por alumno en la pública, frente a 4.184 en la privada-concertada). Pero, además, si a esto añadimos lo que supone el gasto de las familias, el coste anual por estudiante en la enseñanza privada-concertada se situaría en 5.733 euros, mientras que en la educación pública sería de 5.007 euros. El INE constata en efecto que las familias de la escuela pública tuvieron un gasto de 822 euros por alumno/a, mientras que para quienes acudieron a un centro privado concertado el gasto ascendió a 1.549 euros por escolar.
Cuando el diario La Razón en 2011 afirmaba "estudiar en la pública cuesta el doble que en la concertada", daba datos trucados, imputando a la enseñanza concertada exclusivamente lo que efectivamente le concierne (gastos de personal y de funcionamiento), mientras que en la educación pública incluyen todo tipo de gastos, aunque no tengan correlato alguno en la enseñanza concertada, además de ocultar el coste añadido para las familias que supone la enseñanza privada-concertada.
No se pueden hacer afirmaciones de este tipo si no se hace un estudio comparado de los distintos capítulos presupuestarios que afectan tanto a la enseñanza pública como a la privada concertada, que serían los gastos de personal y de bienes corrientes y servicios. Hasta el capítulo de "Transferencias corrientes" se suele añadir a los gastos de la pública, a pesar de que corresponde precisamente a la financiación de los conciertos educativos.
Hay en efecto toda una serie de ámbitos educativos que la enseñanza privada-concertada no atiende y que los presupuestos de la educación pública tiene que asumir: Educación a distancia, Educación en el exterior, Enseñanzas de Régimen especial o Educación compensatoria. Tampoco se pueden imputar sólo a la educación pública las partidas que atienden indistintamente a ambas redes de centros, como Formación y perfeccionamiento del profesorado o Investigación educativa, entre otras, como se hace sistemáticamente en los artículos divulgados al respecto.
El estudio realizado utiliza datos del MECD, el INE y el Consejo Escolar del Estado para calcular la inversión en aquellos capítulos y partidas que tienen su correlato en la privada-concertada; e introduce otros factores de corrección, dadas las diferencias entre ambas redes educativas en condiciones que resultan decisivas para comparar el coste por alumno, como son la ratio profesorado/grupo, la ratio alumnado/grupo y el salario del profesorado.
Lo que se ha constatado en esta investigación es que si la privada-concertada tiene menor coste es porque ofrece peores servicios (desatiende las zonas rurales y selecciona a su alumnado -el 82% de alumnado inmigrante y de minorías está escolarizado en centros públicos-) e inferiores condiciones laborales a sus profesionales, que tienen mayor número de escolares a su cargo e inferiores sueldos.
