La diputada no adscrita Fátima Hamed dice que agilizar las licencias de apertura es un imperativo legal cuya aplicación viene motivada por un tirón de orejas al Gobierno de Vivas.
La única propuesta que ha llevado el gobierno a la sesión plenaria de hoy, relacionada con la aprobación de la ordenanza municipal reguladora del ejercicio de actividades comerciales y prestación de determinados servicios, sujetas a procedimiento de comunicación previa o declaración responsable, no supone ni viene motivada porque el gobierno local, como se ha manifestado por parte de su portavoz, haya querido sumarse a la iniciativa del gobierno de la nación, sino que se produce como consecuencia del requerimiento por parte de la Directora General de Comercio Interior, adscrita a la Secretaría de Estado de Comercio.
En un comunicado, Fátima Hamed ha recordado que en el mes de marzo, la Secretaría de Estado de Comercio procedió a comunicar por escrito que al deducirse que "no se ha procedido a la adecuación, en ese territorio, de las ordenanzas municipales aplicables en la materia, a la ley 12/2012 de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios".
Del mismo modo, se argumenta que de la eventual aplicación de la desactualizada ordenanza municipal reguladora de licencias de instalación y apertura o funcionamiento de establecimientos y actividades, se deduciría un claro incumplimiento de los mandatos de la ley que procede a eliminar los supuestos de autorización o licencia municipal previa ligados a los establecimientos comerciales y otros que se detallan en su anexo I, siempre que dispongan de una superficie de exposición y venta al público de hasta 750 m2. Con ello, se consagra el régimen de declaraciones responsables o comunicaciones previas en sustitución de las licencias previas que no pueden ser exigidas para los supuestos que se mencionan. Señala también que la flexibilización característica de esta ley, alcanza a todas las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un proyecto de obra (se adjunta el documento en cuestión)
El tirón de orejas de la Dirección general de comercio interior, finaliza exigiendo a la ciudad que adopte cuantas medidas sean necesarias para adecuarse al marco jurídico vigente en la materia.
Por lo tanto, poco tiene el gobierno del PP de lo que presumir respecto a este asunto, puesto que a lo único a lo que va a proceder es a aplicar la ley demostrando, una vez más, su ineptitud y hasta su prepotencia en las actuaciones al pretender que una ordenanza local incumpla lo establecido por una ley que data del año 2012 y a cuyo cumplimiento se está obligado puesto que ninguna norma de rango inferior puede contradecir a otra superior.
