La diputada no adscrita Fátima Hamed ha denunciado hoy en un comunicado que el gobierno de la ciudad sigue dando forma al desmantelamiento y a la privatización de los servicios sociales.
El mal funcionamiento y la desorganización como marca de la política social del gobierno de la ciudad es una realidad que a nadie se le escapa. Por grande que haya sido y sea el esfuerzo del personal adscrito a servicios sociales, cuando no existe una gestión política eficaz, comprometida y resolutiva con los problemas de la ciudadanía poco se puede hacer.
Ahora, a la cadena de despropósitos en la gestión de asuntos sociales, que padecen miles de ciudadanos, hay que sumarle el desmantelamiento gradual de los programas y servicios que se prestan. En la comisión informativa celebrada este mediodía en el ayuntamiento se ha dado cuenta de una serie de acciones que vienen a ser la materialización de ese desmantelamiento.
El nuevo convenio que firmará la consejería de Asuntos sociales con Cruz Roja por un importe superior a los 500.000 euros para gestionar las ayudas de urgente necesidad (alimentos, luz, agua...) es un reconocimiento implícito del fracaso en la gestión política de Asuntos Sociales que ha llevado a cabo el gobierno y que es el único responsable del mal funcionamiento de esta área tan importante en una ciudad con más de un 40% de personas que viven bajo los umbrales de la pobreza.
Es importante no perder de vista nunca que los servicios sociales son la piedra angular del estado de bienestar y por lo tanto requieren de la máxima atención e inversión por parte de cualquier gobierno que se precie. Unas atenciones que no han sido acordes a las necesidades de la población local.
De poco sirve que la consejera reconozca ahora los colapsos y los problemas cuando no se ha sabido solucionar en su debido momento ni se han escuchado las críticas constructivas reiteradas hasta la saciedad.
Hubiera sido preferible ampliar personal, cambiar estructuras ineficaces o cuantas fórmulas fueran necesarias antes que traspasar la necesidad y no asumir la responsabilidad. Evitar esa responsabilidad es de políticos cómodos que prefieren escurrir el bulto antes que reconocer la existencia del problema y buscarle solución.
La asistencia social, que debería ser la prioridad del gobierno local, ha desembocado en una solución drástica y desesperada como es la privatización en la prestación de unos servicios de los que una administración respetuosa con el estado del bienestar de la ciudadanía no debería nunca desprenderse como lo va a hacer con respecto a la gestión de todas las ayudas de urgente necesidad.
