La diputada no adscrita Fatima Hamed ha afirmado en una nota que en base a la información averiguada estos días en ejercicio de mi labor fiscalizadora de la acción del gobierno local, he tenido conocimiento de lo que es un nuevo ejemplo de la mala gestión que realiza el Partido Popular.
En este caso, denuncio públicamente para conocimiento de toda la ciudadanía que el servicio de monitores de natación y socorristas en las piscinas públicas de nuestra ciudad, está siendo prestado por la empresa Arasti Barca sin existir relación contractual expresa, puesto que el contrato en virtud del cual se prestaba el servicio hace cerca de dos años que finalizó.
Pero no sólo se ha prorrogado el servicio sin existir contrato entre el Instituto Ceutí de Deportes y la empresa sino que, como consecuencia de ello, el organismo deportivo adeudaría más de un millón de euros a la empresa Arasti Barca (que es la misma que se ha encargado de gestionar la escuela infantil La Pecera)
A ello hay que sumar que la empresa ya ha reclamado judicialmente cerca de 30.000 euros del año 2013 por otros gastos devengados según hemos podido averiguar.
Lo descrito se terminará traduciendo en un reconocimiento extrajudicial de deudas superior al millón de euros a favor de la empresa y en perjuicio de cualquier mínimo atisbo de lo que debería ser una gestión eficiente de los recursos públicos. Es absolutamente inaceptable que tras dos años, no se haya sacado a licitación pública el contrato que deba regir el servicio de monitores y socorristas en las piscinas Díaz Flor y Guillermo Molina.
El reconocimiento extrajudicial de deudas, considerado figura excepcional a utilizar en casos muy concretos para dar solución a aspectos muy puntuales nunca ha sido bien recibido por los juristas y los técnicos de la manera en la que lo hace el gobierno del PP, puesto que este hecho podría ocultar adjudicaciones "a dedo" en las que una vez prestado y acreditado el servicio, la administración no suele tener más opción que proceder al pago del servicio del que se trate. Todo ello, sin que exista un procedimiento público en el que se pueda concurrir en condiciones de igualdad tal y como establece la ley.
¿Qué ha motivado que en dos años no se haya dado trámite a la contratación pública del servicio de monitores de natación y socorristas de piscinas municipales por parte del ICD? Sólo el gobierno del PP sabe los verdaderos motivos, pero con esta nueva denuncia, que tras algunos días de investigación saco a la luz pública, queda claro que los recursos públicos no están en manos de responsables políticos aptos para velar por el interés general, añade la nota.
