El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece que el número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año. Por tanto, hay que distinguir entre las horas extraordinarias y las horas que son ilegales.
En la actualidad, con una tasa de paro del 24 por ciento, el PSOE considera que "se debería exigir una solidaridad en la distribución del tiempo de trabajo que impidiese, cuando menos, la realización de horas extraordinarias". De este modo, "con la citada tasa de desempleo, un objetivo primordial manifiesta el secretario de Empleo del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández.
Para la cuantificación de las horas ilegales se puede partir de estadísticas oficiales, como son los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras del tercer trimestre de 2014, que demuestran que "en España hay más de 1,32 millones de trabajadoras y trabajadores del sector privado que llevan a cabo una jornada superior a la legalmente permitida, lo que representa el 11,5 por ciento de los asalariados del sector privado". De esta forma, "cada semana en nuestro país se realizan 408 millones de horas, de las que 10.250.000 son ilegales. Este exceso de horas ilegales podría ser realizado por otras personas, lo que supondría que 286.284 desempleados podrían trabajar a tiempo completo. Además, las horas ilegales han supuesto para la Seguridad Social una disminución en su recaudación en torno a los 2.400 millones de euros, lo que supone un claro fraude", apunta Hernández.
El socialista apunta que "las estadísticas de la EPA del tercer trimestre de 2014 establecen que hay 5.427.700 personas desempleadas, y ello quiere decir que de no haberse realizado las horas ilegales que se hicieron, el paro hubiera podido disminuir entre un 5 por ciento, con jornada a tiempo completo, y un 5,3 por ciento, en el caso de considerar la duración media de la jornada".
Además, el secretario de Empleo matiza que "si se tiene en cuenta la evolución de la jornada habitual en los últimos tres años se comprueba que la flexibilidad establecida en la reforma laboral del Gobierno del PP no se traduce en una minoración de las jornadas ilegales ni con horas extraordinarias. Solamente se transforman las jornadas completas en jornadas parciales, con horas extras o directamente ilegales".
Hernández ha precisado que "los datos de la EPA del tercer trimestre de 2014, agregados para el caso de Ceuta y Melilla, y centrados en los asalariados del sector privado, determinan que el porcentaje de asalariados con jornada ilegal suponen un 4,1 por ciento, siendo 10.367 el número de horas ilegales realizadas. De tal modo que con las horas ilegalmente trabajadas en ambas Ciudades Autónomas, el paro se reduciría en un 1,32 por ciento".
De acuerdo con el escenario anterior, el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados ha presentado una PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral. Así, se insta al Gobierno a garantizar que la jornada de trabajo se efectúe respetando los límites legales o pactados, bien en el convenio colectivo bien en el contrato de trabajo, y promoverá, previo diálogo con los interlocutores sociales, las medidas que posibiliten que las necesidades adicionales de producción de las empresas se atiendan haciendo una utilización racional del tiempo de trabajo, compatible con la conciliación personal, familiar y personal, y favoreciendo la creación de nuevos puestos de trabajo.
Hernández finaliza incidiendo en que "el PSOE considera que el Ministerio de Empleo debe dejar de perseguir a los trabajadores que se encuentran en paro y empezar a perseguir a los explotadores y controlar las horas ilegales que se realizan en España".
