"La política de vivienda del PP se ha caracterizado por su absoluto oscurantismo", aseguran los de la coalición, señalando que los mecanismos de control establecidos reglamentariamente no existen y de este modo, los ciudadanos carecen de la información necesaria para saber si se conculcan, o no, su derecho al acceso a una vivienda de protección público en igualdad de condiciones tal y como establece la legislación vigente en esta materia.
El Reglamento de Viviendas Protegidas que está en vigor establece, en su artículo 35 la organización de dos registros complementarios: uno de "beneficiarios que hayan accedido a una vivienda de protección pública en venta o alquiler"; y otro, que "incluirá cualquier vivienda con protección pública que deba ser objeto de enajenación o alquiler".
En referencia a lo anterior, se supone que los datos incluidos en ambos registros serán accesibles para todos los ciudadanos. "El Gobierno ha incumplido esta norma y, en la actualidad, carece de estos registros que son fundamentales para controlar que el acceso y la transmisión de viviendas protegidas de hacen de conformidad con la ordenanza en vigor que exige, no sólo que se haga a los precios máximos autorizados, sino que además los nuevos beneficiarios cumplan los requisitos exigidos originalmente".
Caballas considera especialmente grave este incumplimiento en un área tan sensible como es la vivienda y que alimenta la sospecha de corrupción, muy extendida entre la Ciudadanía. En consecuencia, Caballas exigirá una explicación convincente sobre este hecho, exigirá que se depuren responsabilidades y, evidentemente, que por la vía de urgencia se organicen y hagan públicos los registros que las normas estipulan.
