Como representante de la sociedad civil, Red Acoge asiste a la firma en Marrakech del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Rubricado por el Estado español, se trata del primer gran marco de cooperación multilateral que aborda la gobernanza de la migración de forma conjunta, reconociendo que “ningún Estado puede abordar la migración en solitario”.
El Pacto parte de la concepción común de “que la migración es uno de los rasgos distintivos de nuestro mundo globalizado, que vincula a las sociedades dentro de todas las regiones y también a nivel interregional” y marca 23 objetivos relacionados con las políticas en las fronteras, la discriminación y el racismo, los planes de movilidad laboral y otros aspectos relacionados con los efectos positivos de la migración en el desarrollo de los países.
Hace escasamente un mes, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación español anunciaba el compromiso de España con el Pacto, compartiendo la necesidad de no “enfrentar los numerosos retos ligados al fenómeno migratorio de forma individual o aislada”.
A pesar de ser un Pacto “no vinculante jurídicamente” en el cual se reafirma el respeto a la soberanía de los Estados a adoptar sus propias políticas migratorias, también se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna.
La firma de este Pacto implica no solo el abordaje multilateral de la migración, sino un cambio radical en las políticas de disuasión, externalización, militarización y robustecimiento de la seguridad del control de fronteras llevadas a cabo por la mayoría de países, que han causado miles de muertes y suponen una grave vulneración del derecho a la vida de las personas migrantes.
Tras la firma de este Pacto, el Estado español no puede negar el auxilio a ninguna embarcación que se encuentre en peligro en alta mar, como sucedía hace tan solo unas semanas en el caso del pesquero español que rescató a 12 personas frente a las costas de Libia. Tampoco puede mantener la práctica de las devoluciones sumarias como viene haciendo hasta ahora en la frontera de Ceuta y Melilla. Ni puede mantener un acuerdo bilateral como el que tiene firmado con Marruecos.
En definitiva, el Pacto considera que las fronteras internacionales no son zonas de exclusión o excepción de las obligaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen derecho a ejercer su jurisdicción en las mismas, pero deben hacerlo de conformidad con sus obligaciones en esta materia.
Por todo esto, Red Acoge insta al Estado español a que implemente las medidas concretas necesarias para cumplir con los compromisos asumidos tras la firma del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, entre ellas: derogar la Disposición final primera sobre el Régimen especial de Ceuta y Melilla establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana, que autoriza las devoluciones sumarias de inmigrantes detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de estas ciudades.
Asimismo, pide cumplir en todos los casos con su obligación de “prestar auxilio a cualesquier persona que se halle en peligro, independientemente de la nacionalidad o estatus de esas personas o las circunstancias en que fueron halladas”. Toda embarcación en peligro debe ser socorrida y modificar el modelo de cooperación con Marruecos, y poner fin a una política de fortalecimiento dirigida a la contención de todas aquellas personas que quieren llegar a los países europeos, lo que ha supuesto redadas violentas por parte de las fuerzas de seguridad de Marruecos en las zonas y barrios donde se asientan cientos de personas migrantes que han llegado de otros países africanos en su ruta migratoria.
