En un comunicado, la asociación ha afirmado que “como ya veníamos anunciando, en los últimos meses se ha incrementado el número de llegadas marítimas a través de la ruta del Mediterráneo Occidental hacia la Frontera Sur de Europa. Ante la falta de vías legales y seguras las personas migrantes optan por rutas más peligrosas y mortíferas en su proyecto migratorio. En lo que va de año, más de 650 personas han muerto intentando cruzar el Mediterráneo”.
Desde Andalucía Acoge entienden que la Frontera Sur tiene que dejar de ser un lugar de vulneración de derechos humanos y constituirse como un espacio donde se favorezcan vías seguras, legales y respetuosas con los derechos humanos para el imprescindible y necesario tránsito de personas inmigrantes a Europa. En los últimos años, los procesos migratorios han aumentado y lo seguirán haciendo por motivos que tienen que ver con un incremento de las desigualdades de tipo económico, social, político y ambiental. Con el modelo económico actual basado en la desigualdad,los flujos migratorios son una realidad estructural y necesitan de una gestión humanitaria de las fronteras y de una visión más global e inclusiva de las migraciones. Las políticas de cierre de fronteras, el endurecimiento del control marítimo, la reducción de las labores de salvamento marítimo y la criminalización de la solidaridad lo único que perpetúan son las muertes y la vulneración de los derechos humanos.
Los Gobiernos tienen que asumir que es prioritario que no se pierdan más vidas en el mar, abordar con premura una gestión humanitaria en la Frontera Sur y atenderde una forma diga y coordinada a las personas en su camino migratorio. Andalucía es la Frontera Sur europea y a sus costas han llegado más de 7.500 personas en lo que va de año, según los datos facilitados por la OIM. Ante esta realidad es vital y urgente contar con dispositivos y protocolos de acogida dignos y respetuosos con los derechos humanos.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) ya han demostrado que no son una solución. Son centros ineficaces, costosos, están fuera del respeto de los derechos humanos y su único fin es criminalizar y excluir a las personas migrantes. Desde Andalucía Acoge se exige el cierre inmediato de estos centros y se está trabajando en un documento para que se ofrezca una alternativa jurídica a las personas inexpulsables (personas con orden de expulsión o devolución pero que por diferentes motivos no se puede ejecutar y que quedan abocadas a la irregularidad administrativa) y que se elevará al nuevo Ejecutivo.
