El Gobierno ha anunciado que pretende llevar a la Comisión de Vivienda, antes de final de año, las bases para la adjudicación de viviendas en régimen de alquiler para menores de 35 años en Serrano Orive. Lo que se desconoce aún es cuantas de las 45 podrán ser adjudicadas, ya que en la actualidad la Ciudad sólo dispone de 7 de ellas.
El consejero de Fomento, Néstor García, ha informado de que el Gobierno ha realizado varios requerimientos para que sean desalojadas aquellas cuyos ocupantes no cumplen ya los requisitos. Además, entre las personas que actualmente viven en Serrano Orive, hay 14 con deudas, bien de cuotas de alquiler o de comunidad, que la Ciudad también va a requerir.
Entre aquellos que no cumplen los requisitos hay una persona que supera los ingresos determinados en las bases de adjudicación, cinco casos de personas con la vivienda alquilada, diez con otras viviendas en propiedad y otra decena de personas que superan la edad. “Van a ir fuera”, ha dicho García sobre todos ellos a los que el Gobierno ya ha realizado un requerimiento que, de no ser respondido con la entrega de la vivienda, tendrá continuidad por la vía legal. Según estos planes la Ciudad podría llegar a adjudicar algo más de un treintena de estas viviendas de alquiler.
Las explicaciones las ha ofrecido García a raíz de una interpelación del Grupo Caballas cuyo portavoz, Juan Luis Aróstegui, ha afeado al consejero la falta de celeridad en resolver estas cuestiones ya que asegura que el expediente para conocer la situación de los adjudicatarios iniciales lleva abierto ya más de un año: “¿Por qué no se vacían las que están ocupadas indebidamente?, ha pasado más de un año. La actividad de Emvicesa es más bien escasita. Alguna explicación tiene que haber”, ha recriminado Aróstegui a García.
El consejero ha explicado al respecto que ha llevado tiempo conocer la situación de todos los adjudicatarios y que antes de eso se había propuesto, por parte del ex gerente de Emvicesa Antonio López, la venta de las viviendas, algo que “adolecía de legalidad” según García. Además el consejero ha explicado que la Ciudad se exponía a tener que pagar al Ministerio 480.000 euros por lo que se ha decidido que se dará marcha atrás y se volverán a alquilar las viviendas.
