Ciudadanos ha afirmado hoy en un comunicado que son 45 viviendas que se destinaron en régimen de alquiler a jóvenes menores de 35 años. Así reza el acuerdo plenario aprobado el 21 de febrero de 2005. Ahora ni siquiera saben con certeza si el acuerdo fue modificado por el anterior viceconsejero de Vivienda, Antonio López, en cualquier caso, sin que pasara el trámite de su aprobación en el Consejo de Administración de EMVICESA.
Pasado el tiempo, más de once años, el Gobierno sigue demostrándonos que navega sin un rumbo definido y que no gestiona medianamente bien todo aquello relacionado con la cesión de suelo, así como el régimen y adjudicación de la vivienda pública.
El patrón que sigue el Ejecutivo es el de siempre: vender las viviendas protegidas (VP), ahora la promoción de Serrano Orive, aunque existan arrendatarios que no cumplen las condiciones contractuales.
El Gobierno ha cambiado de planes y los perjudicados son de nuevo los menores de 35 años, un colectivo que para acceder a una vivienda no participa en cupos, ni tiene facilidades para la compra del inmueble, ni siquiera unas mínimas ventajas o beneficios como son las ayudas al alquiler. ¿Cómo pretende el Gobierno que bajo esas premisas estas personas puedan emanciparse alguna vez?
El cambio de régimen, de alquiler a venta de las 45 VP de Serrano Orive, confirma una nueva huida hacia adelante del Gobierno popular que es incapaz de gestionar el patrimonio social con continuidad y eficacia.
Otra cuestión que calificamos de embarazosa es que los técnicos municipales han asegurado por escrito que nunca se les remitieron los contratos de alquiler para proceder a su visado.
Ciudadanos se posiciona en contra de cualquier modificación y decisión sin fundamento que utilice el Gobierno de la Ciudad para proceder a la venta de las viviendas a precios irrisorios que darán pie, sin duda, a la especulación.
El diputado de C's en la Asamblea, Javier Varga, ha solicitado en la reunión de la Comisión Informativa de Fomento, celebrada hoy, la actualización de todos los informes técnicos obrantes en el expediente y que se deje clara la situación actual de las viviendas, si están ocupadas, si las ocupan los adjudicatarios y si se encuentran al corriente de pago.
