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El Defensor del Pueblo presenta en el Senado sus actuaciones durante el año 2020
Política
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha comparecido este martes en el Senado, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, para dar cuenta de su gestión en 2020, un año marcado por la pandemia mundial de la COVID-19.

Según ha asegurado, “la crisis del coronavirus ha provocado que “una parte muy significativa de la actividad de la Institución el año pasado haya estado, directa o indirectamente, relacionada con los efectos de la pandemia y las actividades para combatirla desarrolladas por las distintas administraciones”.

Así, ha explicado que en 2020 se realizaron un total de 29.335 actuaciones, que incluyen las quejas recibidas, las investigaciones de oficio iniciadas y las solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad. Esta cifra supone un aumento del 41,5% respecto de los 20.722 expedientes del año anterior. Destaca, además, el fuerte incremento experimentado por las peticiones de recurso ante el Tribunal Constitucional, que crecieron un 573%, al pasar de 135 a 909.

El Defensor ha relatado que Madrid, Cataluña, Andalucía y Valencia concentraron el 57,1% del total de quejas recibidas y que los asuntos que más preocuparon a los ciudadanos tuvieron que ver con la Administración de Justicia (4.439 quejas), la Sanidad y los Asuntos Sociales (3.735), el Empleo y la Seguridad Social (3.493), las Migraciones (2.716) y la Educación (2.579).

Recibidas las quejas y analizados los problemas, el Defensor dirigió a las diferentes administraciones un total de 2.254 resoluciones, entre recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales.

A lo largo de su comparecencia, Fernández Marugán ha apuntado que la pandemia ha causado la mayor crisis sanitaria de la historia de España y ha tenido “un impacto extraordinario” sobre la economía, ya que ha propiciado un incremento de déficit estructural y unos elevados niveles de deuda que suponen “un importante factor de vulnerabilidad ante eventuales cambios en las condiciones de financiación”.

No obstante, y aunque se ha mostrado convencido de que “vale la pena tener un poco más de deuda a cambio de erradicar la pandemia, que ha dejado a miles de personas sin empleo”, también cree que “estamos abocados a realizar una reforma fiscal subiendo impuestos” que implicará una revisión al alza de varias figuras tributarias. “España tiene que decidir qué nivel de servicios públicos quiere tener para mantener un estado del bienestar digno de tal nombre”, y ello “no será posible si la opción es reducir los impuestos”, ha afirmado.

Además, ha señalado que otros retos futuros para sanear la economía española pasan por acometer un paquete de reformas en el sistema educativo, las políticas de empleo, las pensiones, la vivienda y la consolidación fiscal.

Según ha explicado, la pandemia ha provocado en España un incremento de la desigualdad, tanto empresarial como social, que hace necesario que se aumente la ayuda pública a los colectivos más vulnerables “ya sean pequeñas y medianas empresas, autónomos y familias”.

En su opinión, las actuaciones de las administraciones deben ir encaminadas a proteger a los más frágiles, “aquellos que han venido quedando fuera de los esquemas tradicionales de ayudas públicas”, ha remarcado. Ahora, y al contrario de lo que sucedió en 2008, cuando la acción de los gobiernos se materializó en rescatar bancos y empresas, “hay que hacer cosas diferentes y el Estado tiene que tener un papel destacado a la hora de garantizar el futuro de las rentas a las familias y a las pequeñas y medianas empresas”.

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Ceuta, Miercoles 28 de Julio del 2021

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