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Opinión
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La comprensión, el diálogo y un compromiso común que integre a los afectados de la cadena alimentaria es el marco que apoya el Gobierno de España. El ministro de Agricultura, Luis Planas considera a la Mesa de Diálogo Agrario, creada recientemente, como el mejor medio para dar respuesta a las preocupaciones de los agricultores y ganaderos. La coordinación e implicación de todas las partes es fundamental para afrontar y salir del problema.

Nadie debe quedar al margen, pues junto a los primeros afectados que son los agricultores y ganaderos tienen que contemplarse las industrias agroalimentarias, la distribución y los ciudadanos como consumidores. Es comprensible el malestar generado por los precios y su volatilidad, la disminución de los márgenes comerciales y la introducción de nuevas exigencias ambientales. Constituye un problema para nuestro país, pero también es un problema europeo.

En lo que afecta al diálogo sobre iniciativas, el ministro de Agricultura ha puesto sobre la mesa en primer lugar el tema de los precios. Influyen dos factores, la climatología y el funcionamiento del mercado. Respecto al primero se incrementará la financiación de los seguros agrarios a través de los presupuestos generales del Estado. Para el segundo factor se plantea la modificación de la ley de cadena agroalimentaria en cuatro apartados básicos:

  • Relación más precisa de las prácticas comerciales prohibitivas.
  • Regulación contra la destrucción del valor de los productos a lo largo de la cadena.
  • Obligatoriedad de la inclusión del coste de producción como referencia.
  • Publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan normativas.

Junto a lo anterior, el ministerio de Agricultura ha establecido que inmediatamente el observatorio de la cadena alimentaria realice un examen exhaustivo en dos sectores sensibles, el sector del aceite de oliva y el sector de las frutas y hortalizas. En el ámbito de la distribución, se ha iniciado un diálogo para que se valore económicamente y también la reputación del trabajo de nuestros agricultores y ganaderos.

Luis Planas es un ministro experto, competente y comprometido en su trayectoria con el mundo de la agricultura. Ha sido Consejero de Agricultura en Andalucía y tiene una dilatada experiencia en su actuación con las instituciones europeas. Ha sido responsable de los gabinetes de Manuel Marín y de Pedro Solbes, además de haber desempeñado la función de Embajador Permanente de nuestro país en la Unión Europea.

Ningún aspecto de nuestra economía puede estar desligado de nuestra pertenencia a la Unión Europea, así como de nuestra política exterior. Por ejemplo, respecto al aceite hay que conseguir ampliar mercados fuera de la Unión Europea como puede ser Canadá y Japón. Es necesario fortalecer los lazos con la UE. En lo que concierne a la autorregulación se acaba de concluir la tercera licitación del almacenamiento privado financiado por la UE. Hemos conseguido situar un estocaje de 170.000 toneladas y se pretende llegar a 200.000 toneladas. Así pueden paliarse las disparidades de subidas y bajadas que afectan al aceite.

Respecto a la política agraria, este Gobierno y específicamente el presidente, Pedro Sánchez, se está preparando para el próximo Consejo Europeo del 20 de febrero. Acaba de producirse una reunión con el presidente del Consejo Europeo, y hay una línea que se va a defender con especial atención que es el presupuesto comunitario en este campo, así como en los fondos de cohesión. Se va a defender a la inmensa clase media del mundo rural, al pequeño y mediano agricultor, así como a la agricultura familiar y profesional.

No se olvida la preocupación derivada de los aranceles impuestos por la administración norteamericana con determinados productos. Aquí también las instituciones europeas van a facilitar nuestra defensa, como para el resto de países con los que estamos. También en la competencia exterior que padece el sector de las frutas y hortalizas se tiene que actuar. Como dice el ministro, somos la huerta de Europa y el 80 % de nuestras exportaciones es a los mercados comunitarios. Se tiene que respetar la seguridad alimentarias, la utilización correcta de productos fitosanitarios y el respeto al medio ambiente. Lo mismo que nos aplicamos nosotros la normativa comunitaria, también el Gobierno tiene que velar ante la UE para que se aplique a quienes nos exportan.

Respecto a la despoblación del mundo rural es básica la aportación y el comportamiento de las empresas agroalimentarias, junto a la participación de los agricultores y ganaderos. Supone un gran mérito el esfuerzo que realizan, a veces, de un modo aislado y no siempre con el suficiente apoyo. Contribuyen a sostener la producción y la población, algo que debe potenciarse con la necesaria planificación y coordinación.

El sector agroalimentaria supone más de 100.000 millones al año. Somos el octavo exportador mundial agroalimentario, encontrándose en el sector primario 800.000 empleados, de ellos 300.000 son autónomos y pequeños empresarios, mientras que 500.000 son empleados por cuenta ajena. El olivo, viñedo, así como las frutas y hortalizas son los sectores más intensivos en mano de obra.

La agricultura y ganadería es fundamental para la economía española, pero a su vez supone la base más importante de la alimentación de nuestro país. Ante ello el Gobierno tiene que velar por su defensa y apoyo mirando al interior de España; pero apostando también por la defensa de la política agraria comunitaria. Tampoco se debe olvidar el cambio climático, la equidad, la calidad de los productos, la salud del consumidor, la competitividad y el empleo. Sin que nadie se sienta excluido de las ventajas y beneficios que en justicia corresponde a todos.a

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Ceuta, Domingo 23 de Febrero del 2020
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