El 28 de abril es la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a las compañeras y compañeros que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral y para denunciar las precarias condiciones de trabajo que están en el origen de estos daños. Posteriormente la Organización Internacional de Trabajo (OIT) la institucionalizó como Día Internacional para la salud y la seguridad en el trabajo.
La salud y la seguridad en el trabajo deberían ser cuestiones de primer orden en la agenda política a nivel mundial, pero desgraciadamente no es así. Un buen ejemplo del desinterés por la vida de las personas trabajadoras lo encontramos en las intolerables condiciones laborales en las obras de las instalaciones para la Copa del Mundo de Fútbol de 2022 en Catar, en las que según el diario británico The Guardian, ya han fallecido al menos 6.500 trabajadores y trabajadoras. Una masacre que transcurre entre la condescendencia de los Gobiernos del resto de países y sin que se alcen voces que cuestionen la celebración de un evento deportivo en semejante contexto. Situaciones como esta son las que empujan al movimiento sindical a exigir que la salud y la seguridad en el trabajo se reconozcan como un derecho fundamental y así lo hemos trasladado como una propuesta de la Confederación Sindical Internacional, que finalmente será tratada en la Conferencia de la OIT de 2022.
En nuestro país la situación tampoco es muy alentadora, ya que mueren cada año más de 700 trabajadores y trabajadoras, evidenciando que la prevención de riesgos laborales en España es más formal que real. En 2020 el número de accidentes de trabajo mortales, lejos de disminuir, ha aumentado un 2%, a pesar del acusado descenso de la actividad económica provocado por la pandemia por COVID-19, poniendo de manifiesto que la seguridad y salud en el trabajo se está dejando en un segundo plano en las empresas y administraciones. Las enfermedades profesionales siguen sin aflorar permaneciendo ocultas, lo que imposibilita la prevención de múltiples patologías relacionadas con el entorno laboral, algunas de ellas muy graves o mortales como por ejemplo los cánceres de origen laboral.
Tras 25 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos, los daños a la salud en el trabajo siguen estando presentes en nuestro día a día. Seguimos lejos de alcanzar el objetivo que se marcó de conseguir interiorizar la prevención de riesgos en las empresas, al contrario, tenemos que denunciar la mercantilización de la salud laboral.
La falta de cultura preventiva entre el tejido empresarial, unida a la inestabilidad laboral y a las condiciones precarias del empleo, caracterizadas por la enorme temporalidad y parcialidad de la contratación, generan el caldo de cultivo perfecto para el deterioro de la salud laboral.
Las reformas laborales supusieron un punto de inflexión en la extensión de un marco de relaciones laborales determinado por la precariedad que tuvo como consecuencia el inicio de un repunte en la siniestralidad en 2013.
La precariedad mata y desde ese año 5.183 personas han perdido su vida en el trabajo. La derogación de la reforma laboral de 2012 es el primero de los pasos que deben darse para garantizar la protección de la seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores y trabajadoras debemos recuperar nuestros derechos, por lo que debe avanzarse para establecer un modelo de relaciones laborales que genere empleos libres de riesgo, de calidad y con salarios dignos.
Este 28 de abril toca hacer balance de un año de pandemia de COVID-19 y de sus efectos en la seguridad y la salud en el trabajo. Un año en el que se ha puesto de manifiesto de manera dramática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos en salud pública.
Han sido las plantillas de los sectores ya conocidos como esenciales quienes han sufrido los estragos del virus de manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido reconocimiento por parte de las autoridades. Recientemente se ha asimilado la COVID-19 a enfermedad profesional en el caso de los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, en lugar de un accidente laboral, como se venía haciendo hasta el momento.
