La Autopista Nacional
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El reciente barómetro de GAD3 revela un contundente rechazo por parte de la mayoría de los españoles hacia la posible aplicación de una amnistía que, según algunos, podría borrar los delitos de terrorismo relacionados con el procés catalán. Este rechazo refleja una preocupación legítima sobre la justicia y el estado de derecho en España.

La discusión sobre la amnistía ha adquirido relevancia en el contexto político actual, especialmente después de que el PSOE haya pactado con ERC y el exiliado Puigdemont una medida que muchos consideran controvertida. La pregunta que surge es: ¿es justo que los encausados por delitos de terrorismo, como los actos violentos perpetrados por Tsunami Democràtic o los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), se beneficien de una amnistía total?

Es importante destacar que, según el juez instructor de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y el 80% de la junta de fiscales, así como todos los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo, existen indicios de estos delitos. Esto suscita una seria preocupación sobre la posible impunidad de aquellos que han participado en actividades violentas en el contexto del procés.

La sociedad española no parece dispuesta a aceptar que los actos terroristas se borren simplemente con una amnistía. La justicia y la equidad exigen que aquellos que hayan cometido delitos graves, como el terrorismo, sean procesados y, si son declarados culpables, cumplan con las consecuencias legales correspondientes. La impunidad en casos de terrorismo no solo socava la confianza en el sistema judicial, sino que también pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de la sociedad en su conjunto.

El debate sobre la amnistía en el contexto del procés catalán es complejo y polarizado, pero es esencial abordarlo desde una perspectiva de justicia y legalidad. La opinión mayoritaria en España es clara: la amnistía no debe utilizarse como un mecanismo para borrar delitos de terrorismo. La protección de la ley y la garantía de que se haga justicia son fundamentales para mantener la cohesión social y la confianza en las instituciones democráticas. Es responsabilidad de los líderes políticos escuchar y respetar esta opinión pública en la toma de decisiones que afecten al futuro del país.

 

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Ceuta, Miercoles 17 de Abril del 2024

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