La Autopista Nacional
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El Gobierno español se encuentra en un callejón sin salida con la Ley de Amnistía. Por un lado, busca contentar a su socio de gobierno, Junts per Catalunya, que exige el indulto y la amnistía para los presos del procés.

Por otro lado, debe garantizar que la ley cumpla con las garantías jurídicas y no sea rechazada por la Unión Europea.

Los socialistas han admitido que han explorado alternativas, pero ninguna ha tomado forma concreta. Modificar el texto de la ley en lo que respecta al terrorismo parece descartado, ya que el Gobierno busca un equilibrio entre las aspiraciones políticas y la seguridad nacional.

Otra opción sería modificar el Código Penal para eludir la intervención de los jueces, pero esta opción también ha sido descartada por Moncloa.

El juez Manuel García-Castellón invalidó la diferenciación propuesta por la Ley de Amnistía al considerar que la actuación de Tsunami Democràtic afectó a los derechos humanos. Este revés judicial ha hecho que el Gobierno reconsidere la posibilidad de poner en manos de los jueces la aplicación de una reforma del delito de terrorismo.

El Gobierno se encuentra en una encrucijada: contentar a Junts sin comprometer las garantías jurídicas. Se necesita un diálogo constructivo y transparente para alcanzar soluciones consensuadas que respeten los principios del Estado de Derecho.

El debate sobre la Ley de Amnistía se intensifica, con complejidades políticas y legales. La sociedad espera un desenlace justo que respete los principios democráticos y jurídicos.

Es importante que la sociedad civil se involucre en este debate y exija a sus representantes políticos soluciones justas y responsables.

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Ceuta, Viernes 01 de Marzo del 2024

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