La Red Española de Inmigración ha solicitado nuevas pruebas y testificales para conocer la implicación del Gobierno de la Nación, a través de varios ministerios, en el proceso judicial abierto por la devolución a Marruecos de 55 menores que habían entrado ilegalmente en Ceuta los días 17 y 18 de mayo del pasado año y que fueron entregados al vecino país a mediados de agosto.
La petición se ha producido después de que en la jornada de ayer prestara declaración ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta -que instruye el caso- la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, una de las dos investigadas junto con la vicepresidenta primera del Gobierno ceutí, Mabel Deu, que también declaró a principios del pasado mes.
En un comunicado, la Red Española de Inmigración -que ejerce la acusación particular- ha afirmado que se ha reiterado en su propuesta de pruebas y testificales al tiempo que "valorará nuevas pruebas que puedan ser de interés" para determinar el nivel de conocimiento y grado de implicación del Gobierno de España en esta causa y sus Ministerios.
La delegada del Gobierno señaló en su interrogatorio tanto al Secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, como a la Jefa de Gabinete de la ex vicepresidenta (Isabel Valdecabras, ahora Directora General de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) como sus principales interlocutores.
La delegada del Gobierno "dijo desconocer el procedimiento y reconoció que no hizo ninguno de los trámites, confección de expedientes o guías de actuación derivadas de la normativa vigente ahondó en la versión de responsabilizar de dichos trámites a su Secretario General en la Delegación del Gobierno de España en Ceuta (que acudirá como testigo a instancias de la Fiscalía)".
La Red también ha aclarado que Salvadora Mateos "tuvo un intenso debate con la representante del Ministerio Fiscal cuando llegó a indicar, en su interrogatorio, que la Fiscalía conocía y estaba conforme con el proceso, algo que fue rebatido en el turno de palabra del Ministerio Fiscal que exhibió diferentes documentos y requerimientos de información que jamás fueron contestados por la Delegación".
La delegada, que excusó parte de su falta de información con haber padecido COVID19 durante parte de las fechas de comisión de los hechos, ha llegado "a cargar duramente contra las entidades de tutela a las que acusó de llevarse un dineral y que a raíz de ese elemento dinerario se movilizaban contra estos procesos".
Según la Red Española, la delegada del Gobierno insinuó "implícitamente que dichos informes y carga probatoria estaba contaminado por ser prestatarios de servicios a la ciudad autónoma, en cuya área de infancia descargó toda su responsabilidad en materia de informes, comprobación de la vulnerabilidad de los menores antes de su deportación y otros elementos".
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha añadido que no pudo intervenir por la negativa de la investigada a contestar a preguntas de la acusación popular.
