Hachuel comparecía en la Audiencia acusado de prevaricación administrativa
Tribunales
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El ex consejero de Gobernación Jacob Hachuel se sentaba hoy en el banquillo de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta acusado de un delito de prevaricación administrativa por el caso de los dos policías locales que no fueron inhabilitados tras la condena del Tribunal Supremo.

Hachuel defendía su inocencia asegurando que "no soy un prevaricador" en un juicio en el que solo la acusación particular, la familia de MIzzian, pedía condena al no encontrar la Fiscalía delito en la actuación del entonces consejero.

El tribunal ha estado compuesto por magistrados llegados de la Península al haber participado los de nuestra ciudad en este caso y hoy ha quedado visto para sentencia.

Tanto técnicos como abogados de las dos partes no se han puesto de acuerdo en si existió o no prevaricación por parte de Hachuel, que firmó un decreto por el que dejaba en suspenso la inhabilitación de los dos policías locales que fueron condenados por un caso de lesiones con agravante de abuso de superioridad ante un hombre mayor de 60 años en 2005.

La acusación particular calificaba el decreto firmado por Hachuel de "indefendible y grosero", mientras que la Fiscalía no apreciaba delito ya que no ha quedado demostrado ningún interés de Hachuel por favorecer a los dos policías. En cuanto a la defensa del exconsejero, que pedía la absolución de su representado, aseguraba que no se han presentado pruebas que demostrasen ninguna prevaricación y que Hachuel siempre buscó una resolución justa para lo cual pidió consejo a numerosos técnicos del Ayuntamiento sin hallar una respuesta clara a sus dudas sobre si la suspensión de la condena por parte de la Audiencia Provincial conllevaba la inhabilitación inmediata de los policías o su reincorporación.

Ni desde la Consejería de Recursos Humanos, ni de la de Gobernación ni del letrado del Ayuntamiento encontró Hachuel una respuesta clara, algo corroborado por el entonces asesor Fernández Medina, por lo que tomó la decisión que consideró adecuada sin pretender saltarse la ley ni cometer prevaricación.

Incluso se llegó a pedir consejo a la Audiencia Provincial, que contestó que no estaba ahí para asesorar a un ayuntamiento y se pensó consultar a la Abogacía del Estado, algo que no se permitió desde la Ciudad.

El juicio ha quedado visto para sentencia.

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