El Tribunal de Cuentas aprueba el informe anual de Ceuta del ejercicio 2.018
Economía
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Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Ciudad Autónoma de Ceuta y las entidades dependientes que integran su sector público durante 2018.

Esta fiscalización analiza, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Ciudad, la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la gestión de los gastos de personal, los instrumentos de lucha contra la morosidad, las subvenciones y transferencias concedidas, la situación de los bienes municipales, el endeudamiento financiero y las concesiones administrativas otorgadas por la Autoridad Portuaria. Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de los planes de ajuste y saneamiento presentados por la Ciudad, del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de las prescripciones en materia de transparencia y medio ambiente, así como del grado de cumplimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en anteriores informes de fiscalización.

El Informe recoge una serie de conclusiones, concretamente en relación con la rendición de la Cuenta General de la Ciudad correspondiente al ejercicio 2018, se ha efectuado en marzo de 2020, esto es, con un retraso de casi cinco meses respecto del plazo legalmente previsto, sin que se hayan motivado las razones que lo justificaran.

El Informe recoge debilidades en el control atribuido a la Intervención de la Ciudad, en la organización general del personal y de los servicios de la Ciudad, en los procedimientos y registros contables, en la gestión patrimonial, así como en la gestión y control de las subvenciones concedidas, que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de la Ciudad.

Respecto al presupuesto, el Informe indica que el aprobado inicialmente en 2018 se incrementó un 23% como consecuencia de las modificaciones de crédito efectuadas. El grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General alcanzó un porcentaje del 76% y el grado de liquidación del presupuesto de ingresos del 87%, registrándose un resultado presupuestario positivo de 38 millones de euros. No obstante, esta magnitud se encontraba sobrevalorada en 22 millones de euros debido a derechos indebidamente reconocidos y a la falta de reconocimiento de obligaciones por gastos, servicios y compromisos devengados en el ejercicio.

En cuanto al remanente de tesorería registrado a 31 de diciembre de 2018, que presentó un saldo positivo de 82 millones de euros, la fiscalización observa que no refleja la situación financiera efectiva a corto plazo de la Ciudad, encontrándose sobrevalorado, al menos, en 68 millones de euros, como consecuencia, principalmente, de la infravaloración de la provisión para insolvencias, de los compromisos de gasto no registrados con sus sociedades municipales, así como por la falta de registro de cánones de concesiones administrativas con la Autoridad Portuaria de Ceuta y de obligaciones con proveedores.

Por lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria, el Informe señala que la Ciudad cumplió el objetivo fijado en el ejercicio 2018 al encontrarse en situación de capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional; e igualmente cumplió el objetivo de la regla del gasto y el objetivo de deuda.

Respecto a la gestión de personal, la Ciudad ha seguido sin elaborar la Relación de Puestos de Trabajo prevista en la normativa de las Entidades Locales. Un 4% de la plantilla de la Ciudad desempeñó en 2018 puestos de superior categoría y el porcentaje de temporalidad del empleo público de la Ciudad alcanzó un 29% en dicho año.

En relación con el periodo medio de pago a proveedores de la Administración General, en el año 2018, ha disminuido, al pasar de 76,6 días en el primer trimestre a 31,93 días en el cuarto trimestre, por encima en cualquier caso del plazo máximo de 30 días establecido en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En el análisis efectuado sobre la gestión de la actividad subvencionadora la fiscalización pone de manifiesto la ausencia de una planificación estratégica, así como determinadas deficiencias en las actuaciones de comprobación de la justificación y aplicación de las subvenciones.

En el seguimiento del Plan de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobado por el Pleno de la Ciudad el 29 de diciembre de 2014, se ha comprobado el cumplimiento de los compromisos de reducción de deuda y de ahorro neto positivo para el ejercicio.

Por lo que se refiere a la gestión de los bienes patrimoniales, se observa que se mantienen las mismas carencias de ejercicios anteriores en cuanto a la falta de elaboración de los inventarios separados del patrimonio municipal del suelo y de las vías públicas y zonas verdes de la Ciudad, la existencia de un elevado número de bienes sin valoración y otros pendientes de depuración y regularización, la falta de inscripción registral de la transmisión de la titularidad de los bienes recibidos del Estado en diferentes traspasos de competencias, la incorrecta valoración de las participaciones de sociedades dependientes, así como la ausencia de conteos y recuentos físicos.

En cuanto al endeudamiento financiero, la fiscalización aprecia que en 2018 la Ciudad Autónoma disminuyó la deuda un 2%, situándose la ratio por habitante, a 31 de diciembre, en 2.098 euros.

Respecto a la Ciudad Autónoma y su sociedad dependiente Parque Marítimo del Mediterráneo, S.A., el Informe concluye que no han contabilizado íntegramente las deudas correspondientes a las tasas y cánones giradas por la Autoridad Portuaria como consecuencia de la titularidad de siete y dos concesiones administrativas, respectivamente. Asimismo, se ha comprobado que varias trasmisiones de derechos concesionales efectuadas por ambas a empresas privadas y particulares no se elevaron a escritura pública, habiéndose seguido girando las tasas de ocupación a la Ciudad y a la sociedad municipal, por lo que han sido reclamadas.

En relación con la revisión del cumplimiento de la normativa en materia de transparencia, la fiscalización observa que el portal de transparencia de la Ciudad no ha incluido toda la información expresamente exigida en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En cuanto a la gestión medioambiental de la Ciudad, el Informe expone que esta no se ha adherido al desarrollo de la denominada “Agenda 21 Local”, que tiene como objetivo la aplicación de políticas ambientales, económicas y sociales en el ámbito local encaminadas a lograr un desarrollo sostenible. Tampoco se ha establecido un sistema de gestión medioambiental normalizado y adaptado a las normas europeas e internacionales sobre gestión y calidad medioambiental, ni se ha elaborado el plan de inspecciones previsto en la Ley de Evaluación Ambiental y en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Por lo que se refiere al seguimiento de la observancia de las recomendaciones efectuadas en informes de fiscalización de ejercicios precedentes, en general no se observan actuaciones definitivamente encaminadas a su cumplimiento, por lo que se reiteran en el presente informe.

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