Cartas al Director
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El pasado día 7 de septiembre tuvo lugar en Madrid el solemne acto de apertura del año judicial, presidido por S.M. el Rey. Tras ello, ha sido habitual celebrar esta efeméride en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en un acto institucional que tenía lugar en la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA.

Este año 2020, sin embargo, la crisis del COVID-19 y las obligadas medidas de distanciamiento social, con significativa limitación en el número de asistentes, han aconsejado romper esa tradición y no celebrar dicho acto institucional, que siempre ha sido concebido como una ocasión propicia para acercar la justicia a las demás instituciones y estamentos profesionales, sociales, políticos y económicos de Andalucía, y, con ello, en definitiva, a los ciudadanos.

Quiero a través de estas líneas recordar que en este inicio de un nuevo año judicial nos enfrentamos a unas dificultades nunca antes conocidas y cuya superación no va a resultar posible sin un aún mayor esfuerzo de cuantos profesionales desempeñamos nuestra actividad en el ámbito de la Justicia. En este contexto, y en nombre de toda la judicatura andaluza, quiero unirme al sentimiento de muchos conciudadanos, sometidos a duras experiencias durante la grave crisis socio-sanitaria que padecemos, así como sumarme a la felicitación y agradecimiento por la entrega de tantos colectivos al buen hacer, serio y responsable.

Los ciudadanos pueden estar seguros que, pese a esas dificultades, pondremos todo nuestro empeño en continuar amparando sus derechos y libertades, como ya lo hicimos en otras épocas, no muy lejanas, en que la crisis económica nos sumió también en la adversidad. Nuestra obligación es trabajar incesantemente por mejorar la confianza en la justicia, y eso requiere por encima de todo un ejercicio de responsabilidad desde la modestia de nuestras posibilidades y la conciencia de nuestras limitaciones. Con la seguridad de sentirme acompañado en este compromiso, me atrevo a decir a los ciudadanos que pueden contar con sus jueces como aliados de sus derechos, pese a la precariedad con que, a menudo, nos vemos avocados a desempeñar nuestra difícil función.

Me siento obligado a expresarlo una vez más: al inicio de un nuevo año judicial me embarga el sentimiento de asistir al mismo decorado de visualizar a un poder del Estado de Derecho que espera el máximo compromiso y el acuerdo de otros poderes del Estado. Sin embargo, no puedo olvidar el valor e importancia de la justicia, así como el inmenso caudal humano que trabaja en su entorno, por lo que me acompaña también un sentimiento más positivo, confiando en que puede ser ya el tiempo en que se sienten las bases de esa reforma y mejora de la Justicia que todos ansiamos y tanto se está haciendo de rogar. Pido una vez más voluntad política y apoyo ciudadano para este empeño que no es corporativo, sino constitucional.

Aunque ilusorio, es bueno poner señales en la carretera del tiempo y aprovechar el comienzo de un año judicial para pensar a dónde queremos ir y qué lejos estamos. La realidad es la que es y no podemos esperar que sea diferente si no se introducen significativos cambios legislativos y organizativos. La crisis sanitaria, social y económica, vuelve a poner de relieve la falta de modernización del poder judicial, nuestros límites y nuestra fragilidad, dada la gravedad de las deficiencias ya existentes y las que se han puesto de manifiesto, que denotan la falta de compromiso suficiente por parte de quienes ostentan la responsabilidad de dotarla de los medios necesarios y de gestionarlos y organizarlos de manera eficiente. Sí, mi obligación es decirlo y denunciarlo, al tiempo que ofrecer la disponibilidad de todos los servidores de la Justicia, conscientes de que el compromiso ético en ejercer responsablemente nuestra función es lo que nos legitima socialmente.

Por ello, junto a las urgentes pero coyunturales medidas de apoyo judicial, debo poner énfasis en que no se demoren los proyectos de modernización interrumpidos hace más de diez años y en el desarrollo y puesta en marcha de una organización de trabajo colegiado, que permita la mejor gestión y un aprovechamiento más eficaz de los recursos personales, todo ello en un entorno de infraestructuras adecuadas en los actuales partidos judiciales. Que nadie dude de que serán inversiones rentables, porque inmediatamente se percibirían los resultados.

De igual modo, ojalá veamos consolidar el expediente judicial digital, así como la integración de las diferentes plataformas de gestión procesal para preservar la eficacia del sistema en todo el territorio. Ojalá podamos ver, por fin, una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y consumada la reforma de nuestro proceso penal, que responde a un modelo superado por la realidad y disfuncional. Y, cómo no, confiemos en contar a muy corto con un sistema equilibrado de resolución de conflictos que elimine tantos incentivos para la litigación y dote a la justicia de “eficacia y satisfacción”, tal y como con toda razón demandan empresas y ciudadanos.

El Presidente del CGPJ lo expresaba con vehemencia: “No podemos olvidar que sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de la Justicia española, continuamente postergada y sin la cual no podremos superar las ineficiencias que siguen lastrando la posibilidad de ofrecer a los ciudadanos un servicio público que cumpla con los parámetros de calidad y eficacia. Justicia, hoy ineficientemente organizada, con procesos interminables y con una digitalización de su funcionamiento muchas veces iniciada pero nunca terminada”.

El cumplimiento de estos deseos, que no depende de quiénes formamos parte del poder judicial, pasa por un amplio acuerdo y consenso político, reclamado por la práctica totalidad de los agentes sociales en cuatro legislaturas sucesivas, recuperando el discurso sobre la razón pública que infundió el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia el 28 de mayo de 2001.

Quiero terminar expresando la absoluta convicción de que hay esperanza, de que conseguiremos sobreponernos y salir adelante, mostrando lo mejor de cada uno. Nosotros lo haremos poniendo en valor la justicia y el servicio público que nos aglutina, en justa reciprocidad y solidaridad con el espíritu de sacrificio y dedicación mostrado por muchos otros colectivos.

Granada, 17 de septiembre de 2020

Fdo. Lorenzo del Río Fernández

Presidente TSJA

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