OCU valora las nuevas medidas del Gobierno para ayudar a los ciudadanos
Economía
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La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera excesivo que se hayan dictado catorce Reales Decretos desde el 14 de marzo, por muy excepcional que sea la situación en la que nos encontramos.

Ayer se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 15/2020 sobre nuevas medidas para reducir los costes de pymes y autónomos, para reforzar la financiación empresarial, medidas fiscales, otras tantas para facilitar el ajuste de la economía, para proteger el empleo y de apoyo a los ciudadanos. De haberse redactado las normas con el rigor que merecen, no hubieran sido necesarias estas nuevas 60 páginas, ya que en su práctica totalidad no se trata de nuevas medidas sino de aclaración y precisión de las ya publicadas el pasado 1 de abril con el Real Decreto-ley 11/2020.

Sin discutir que estamos inmersos en una situación excepcional, la urgencia en la adopción de medidas no puede ser sinónimo de falta de rigor ya que duplica el gasto y el trabajo de todos: un decreto-ley para reconocer derechos y otro para aclararlos.

El Gobierno asume que la redacción del famoso artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, dictado para reconocer el derecho de los consumidores y usuarios a resolver determinados contratos sin aplicar penalización alguna, debe ser objeto de aclaración, para determinar con el máximo rigor el momento de nacimiento de los citados derechos y su duración.

Desde el 1 de abril que vio la luz ese RD-ley 11/2020, se han empleado ríos de tinta para intentar entender cómo y cuándo se podría ejercitar ese derecho, lo que inevitablemente ha abocado en otro texto normativo, esta vez en la Disposición Final Décima, apartado Cinco del RD-ley 15/2020, que con un poco más de orden y acierto indica que el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo, es decir, desde el incumplimiento del contrato por parte del empresario.

Y una vez que el consumidor ha ejercitado este derecho, se abre un periodo de negociación que durará 60 días, transcurrido el cual, y sin que las partes hayan llegado a un acuerdo, entonces, y sólo entonces será cuando se reconozca la resolución del contrato de compraventa o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo.

La Organización considera que un trámite de urgencia no se debe llevar por delante el rigor técnico que implica la redacción de una norma, y, por lo tanto, no era necesaria esta Disposición Final, ya que no establece nada diferente de lo que decía el citado artículo 36, si hace poco más de 20 días se hubiera redactado la norma de forma clara y ordenada.

En cualquier caso, no se han despejado todas las dudas, por ejemplo: ¿qué ocurre si un consumidor hizo caso al Real Decreto-ley anterior y no ejercitó su derecho de resolución en los catorce días, tal y como se indica ahora? La respuesta a esta y otras tantas cuestiones, terminarán siendo resueltas por los tribunales, colapsando de manera innecesaria nuestra administración de justicia, y desincentivando a su reclamación a aquellos consumidores que por su situación no puedan permitirse el lujo de acudir a un juzgado para reclamar lo que le corresponde.

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