El Tribunal de Cuentas aprueba el informe anual de la Ciudad Autónoma de Ceuta del ejercicio 2017
Economía
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Este Informe, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Ciudad y los diferentes Organismos y Empresas públicas durante el citado ejercicio, analizando, especialmente, la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Ciudad, los sistemas de control interno, la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, la gestión de los gastos de personal, los instrumentos de lucha contra la morosidad, las subvenciones y transferencias concedidas, la situación de los bienes municipales, el endeudamiento financiero y las concesiones administrativas otorgadas por la Autoridad Portuaria.

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de los planes de ajuste y saneamiento presentados por la Ciudad, del cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de las prescripciones en materia de transparencia y medio ambiente, así como del grado de cumplimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en anteriores informes de fiscalización.

Tras la fiscalización, el Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas:

La rendición de la Cuenta General de la Ciudad correspondiente al ejercicio 2017 se ha efectuado dentro del plazo legalmente previsto en el art. 223 del TRLRHL.

La Administración de la Ciudad no ha dado de alta en cuentas del inmovilizado los bienes recibidos del Estado en los diferentes traspasos de competencias, así como las inversiones en infraestructuras realizadas, principalmente, por la sociedad municipal PROCESA por encargos de la Ciudad. Tampoco se han registrado las cesiones y adscripciones recibidas y entregadas, ni se han efectuado comprobaciones físicas y materiales del inventario, encontrándose un elevado número de bienes inventariados sin valorar. Esta situación, unida a la existencia de un saldo acreedor al 31 de diciembre de 2017, de 26.898.000 euros, pendiente de depuración y regularización, registrado en la cuenta (219) “Otro Inmovilizado material”, ha imposibilitado el análisis sobre la situación y valoración de los activos correspondientes a las diferentes rúbricas del inmovilizado. Asimismo, dado que la Ciudad no ha determinado, ni contabilizado el importe de la amortización acumulada de los bienes de inmovilizado, no es posible pronunciarse sobre el importe de las correcciones valorativas a cierre del año 2017, así como sobre las dotaciones anuales en el resultado económico-patrimonial del año por la amortización del ejercicio.

La fiscalización ha detectado debilidades en el control interno atribuido a la Intervención de la Ciudad, en la organización general del personal y de los servicios de la Ciudad, como la inexistencia de una relación de puestos de trabajo o un registro de personal coordinado con las demás Administraciones Públicas. Respecto a los procedimientos y registros contables, no se ha efectuado un seguimiento de los compromisos de ingresos para ejercicios futuros, ni se han aplicado los módulos de ejecución de proyectos de gastos y gastos con financiación afectada. Asimismo, la gestión y control de las subvenciones concedidas, ha presentado deficiencias que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de la Ciudad.

El presupuesto aprobado inicialmente en 2017 ha presentado inconsistencias entre los distintos documentos que lo conforman y no ha incluido los presupuestos de una fundación y un consorcio. Las modificaciones de créditos han supuesto un incremento de los créditos iniciales del 15 %, habiéndose detectado la financiación de expedientes de créditos extraordinarios, suplementos de crédito e incorporaciones de crédito con el remanente de tesorería del ejercicio anterior sin la cobertura financiera necesaria de acuerdo con las correcciones y salvedades señaladas en el Informe de fiscalización de la Ciudad del ejercicio 2016.

El grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General alcanzó un porcentaje del 83 % y la liquidación del presupuesto de ingresos un grado de realización de las previsiones finales del 88 %. Las obligaciones reconocidas estaban sobrevaloradas en 2.828.000 euros, debido fundamentalmente a obligaciones devengadas en ejercicios anteriores e imputadas al presupuesto y los derechos reconocidos se encontraban infravalorados en 676.000 de euros, principalmente por la incorrecta contabilización de las transferencias recibidas de la Administración General del Estado para garantizar la recaudación del IPSI.

Por lo que se refiere a la estabilidad presupuestaria, la Ciudad cumplió el objetivo fijado en el ejercicio 2017 al encontrarse en situación de capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional. Asimismo, ha cumplido el objetivo de la regla del gasto y el objetivo de deuda.

Los gastos de personal representaron en 2017 el 42 % del gasto total del sector público autonómico, una vez eliminadas las transferencias de la Administración General a las entidades dependientes. La Ciudad ha seguido sin elaborar la Relación de Puestos de Trabajo prevista en la normativa de las Entidades Locales.

El periodo medio de pago a proveedores de la Ciudad en el año 2017 se ha mantenido siempre dentro del plazo de 30 días establecido en la normativa aplicable en materia de morosidad.

El análisis efectuado sobre la gestión de la actividad subvencionadora  pone de manifiesto la ausencia de una planificación estratégica, así como determinadas deficiencias en las actuaciones de comprobación de la justificación y aplicación de las subvenciones.

Por lo que se refiere a la gestión de los bienes patrimoniales, se mantienen las mismas carencias de ejercicios anteriores en cuanto a la falta de elaboración de los inventarios separados del patrimonio municipal del suelo y de las vías públicas y zonas verdes de la Ciudad, la existencia de un elevado número de bienes sin valoración y otros pendientes de depuración y regularización, la falta de inscripción registral de la transmisión de la titularidad de los bienes recibidos del Estado en diferentes traspasos de competencias, la incorrecta valoración de las participaciones de sociedades dependientes, así como la ausencia de conteos y recuentos físicos.

En cuanto al endeudamiento financiero, se aprecia que en 2017 la Ciudad Autónoma ha disminuido la deuda un 7 %, situándose la ratio por habitante a 31 de diciembre en 2.164 euros. El riesgo efectivo de los avales otorgados por la Administración General de la Ciudad se situó, a 31 de diciembre de 2017, en 10.243.000 euros y correspondía en su totalidad a afianzamientos solidarios de operaciones de crédito formalizadas por empresas municipales.

La Ciudad Autónoma y su sociedad dependiente Parque Marítimo del Mediterráneo, S.A. no han contabilizado íntegramente las deudas correspondientes a las tasas y cánones giradas por la Autoridad Portuaria como consecuencia de la titularidad de siete y dos concesiones administrativas, respectivamente. Asimismo, se ha comprobado que varias trasmisiones de derechos concesionales efectuadas por ambas a empresas privadas y particulares no se elevaron a escritura pública, habiéndose seguido girando las tasas de ocupación a la Ciudad y a la sociedad municipal, por lo que han sido reclamadas.

El Instituto Ceutí de Deportes mantenía a 31 de diciembre de 2017 deudas no reconocidas ni contabilizadas por 1.886.000 euros correspondientes a los servicios de monitores y socorristas prestados en los complejos deportivos Díaz Flor y Guillermo Molina de Ceuta, así como a otros servicios de limpieza, seguridad, suministros y otros gastos corrientes que constatan el incumplimiento de los principios contables de registro y anualidad presupuestaria. El mantenimiento de estas facturas, que no fueron conformadas, ni devueltas por inconformidad, ha motivado la presentación de, al menos 61 reclamaciones judiciales, de las cuales a la finalización de la fiscalización se habían dictado 30 sentencias, todas ellas condenatorias, con un coste indemnizatorio conjunto de 1.182.000 euros.

En relación con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, no se ha renovado el III Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de la Ciudad Autónoma, cuya vigencia finalizó en el ejercicio 2016, ni se han elaborado los informes de impacto de género previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Respecto a la gestión medioambiental, no se ha elaborado el plan de inspecciones previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Por otra parte, el informe de sostenibilidad ambiental del proyecto de plan de gestión y tratamiento de residuos, emitido en el marco del procedimiento administrativo de evaluación ambiental estratégica, ha puesto de manifiesto que la gestión de los residuos no se ha ajustado a las directrices marcadas por la UE ni a los objetivos enunciados en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016-2020 debido a que la mayor parte de los residuos de Ceuta, incluyendo los residuos urbanos, se han enviado a la península sin ningún tratamiento.

Las subvenciones recibidas del Fondo de Compensación Interterritorial no se han destinado a inversiones nuevas, tal y como prevé la normativa reguladora de estos fondos, sino a financiar la devolución de las cuotas de amortización de un préstamo formalizado por la sociedad municipal PROCESA aplicado a una inversión finalizada en 2012.

Finalmente, por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización de ejercicios precedentes, en general no se observan actuaciones definitivamente encaminadas a su cumplimiento, por lo que se reiteran en el presente informe.

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