La explicación no convenció a Hernández.
Política
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El Secretario General del PSOE de Ceuta ha interpelado a la Ciudad la cifra a la que asciende el gasto público en concepto de costas judiciales. Ya que a finales de 2018 la cifra ascendía a 3,1 millones por sentencias desfavorables según informaba la entonces encargada de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani.

Los expedientes de estos procesos contra actuaciones públicas se resumían en 35 folios contra la gestión de ACEMSA, ICD o los contratos de personal. El Consejero, Alberto Gaitán, no quiso o no pudo responder a la interpelación al señalar que se encuentran cerrando la contabilidad de 2019 pero le avanzó que en cuanto dispongan de estos datos se los anticiparía; ya que era conveniente hacerlo de esta manera para no incurrir en errores. En todo caso añadió, el partido socialista como integrante de los consejos de administración de las sociedades municipales y sus juntas rectoras se encuentran en el lugar idóneo para realizar dicha consulta. Asimismo defendió el derecho constitucional a reclamar por vía contencioso-administrativa las actuaciones de la Ciudad porque se ha judicializado la administración. Además en ocasiones los fallos judiciales se demoran y eso engorda la cuenta de gastos. Respecto a la contratación de bufetes externos se justifica por la especialización que revisten determinados casos por su peculiaridad y esta gestión de aspectos laborales y mercantiles termina ahorrando dinero al Gobierno Municipal.

La explicación no convenció a Hernández que se reafirmó indicando que ha La explicación no convenció a Hernández que se reafirmó indicando que ha sido el propio Ejecutivo, que no se ha preocupado por resolver estas cuestiones provocando un coste añadido que va a parar al bolsillo de los contribuyentes. Así lo ejemplificó cuando se refirió a la reclamación de los funcionarios de la ciudad que han llevado al contencioso el supuesto de los complementos que se les adeuda. Según el socialista existe un informe del departamento de Recursos Humanos que avala la petición por su justificación y la Ciudad al no reconocerlo alarga un proceso en el que se sabe perdedora a sabiendas, por lo que será condenada a pagar las costas. Hernández se preguntó si esto es prevaricación o malversación caudales públicos y sugirió a la Ciudad la contratación de una póliza de seguro que cubra las contingencias de las sentencias judiciales falladas en contra de la administración.

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