El MDyC dice que la remodelación de Vivas es un nuevo fraude de ley
Política
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El MDyC ha afirmado hoy en un comunicado que la remodelación efectuada por el Gobierno solo supone un fraude de ley para mantener a toda una Corte de los Milagros que nada aporta a la solución de los problemas de nuestra ciudad,  a pesar de las numerosas sentencias que los distintos tribunales hacen sobre el nombramiento de cargos en nuestro Ayuntamiento, Juan Vivas las interpreta una y otra vez convirtiéndose en un nuevo poder judicial que hace y deshace a su antojo.

Para el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC)  esta forma de actuar es una tomadura de pelo al poder judicial y sobre todo a la ciudadanía, el mantener toda un caterva de individuos a su alrededor, sin conocer a que dedican su tiempo y con unos buenos salarios, solo sirve para el interés de Juan Vivas.

Desde que el MDyC  llegó al Ayuntamiento hemos presentado las demandas ante los tribunales sobre cualquier acto que suponga, desde nuestro punto de vista, un incumplimiento de la legalidad, así estamos a la espera de que se resuelvan los casos del Reglamento de la Asamblea de 2015, del Reglamento de Gobierno y Servicios de la Administración (2017), del Reglamento de la Asamblea (2017), de los nombramiento de la Consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, del nombramiento del Consejero de Educación, Javier Celaya y del nombramiento del Consejero de Hacienda, Alberto Gaitán.

Todas ellas paralizadas a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el nombramiento como viceconsejera de Adelaida Álvarez, que una vez finalizada esperamos que se aceleren todas las denuncias presentadas por el MDyC, dándonos la razón de que tanto los Reglamentos como todos estos nombramientos no se ajustan a derecho.

Para el MDyC todos esta “interpretación” de la ley que realiza el Gobierno solo defiende los intereses personales de nuestro Alcalde Presidente que necesita mantener a toda un Corte a su alrededor para pagar los favores recibidos. Por ello el MDyC continuará con las actuaciones legales que considere necesarias para defender los intereses generales.

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