Editorial
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Este martes se celebraba el juicio contra J.A.G.C., el operario del Plan de Empleo que estaba prestando servicios en el Lope de Vega y que aprovechó esta situación para abusar de doce niñas menores.

Durante el juicio este individuo ha reconocido los hechos y por este hecho la Fiscalía ha rebajado la petición de pena de 84 años a tan sólo 42 años, algo que no debería ser así.

Un ser como este, que ha reconocido lo que hizo, no debería ver más la luz del sol y por el mero hecho de haber reconocido lo sucedido no debería ser un atenuante para rebajar la petición de pena a la mitad.

Este malnacido ha reconocido los hechos, primero porque se le pilló con las manos en la masa, y luego porque estará aconsejado por su defensa, que bonito papel le ha tocado defender.

Cualquier depravado/a que abuse de un menor debería ser condenado con dureza a prisión, a ese nuevo concepto de permanente revisable, aunque en este caso debería quitarse lo de revisable, ya que escoria como esta no debe deambular por la calle, conviviendo con el resto de la sociedad y al acecho de nuevas víctimas.

Está claro que se ha actuado con rapidez y diligencia, que desde que fue detenido se encuentra entre rejas, pero en casos como estos, los atenuantes no deberían aplicarse.

Cada caso que se ve o se escucha deja más en evidencia que nuestro código penal necesita una profunda revisión y remodelación, ya que en la sociedad actual ocurren situaciones que luego no se entienden sin condenas más duras y ejemplarizantes.

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