UGT reclama mayores sanciones a los agresores y más protección a las víctimas de violencia de género
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La violencia machista es una manifestación del fracaso de nuestras sociedades, especialmente de las que se dicen avanzadas. Es una lacra endémica que va en aumento porque, además las nuevas tecnologías que, sin duda son muy positivas, han generado nuevas formas de ejercer la violencia contra las mujeres al facilitar conductas de control, intimidación, acoso y humillación.

En este sentido, desde la UGT se alerta sobre las nuevas formas de ejercer la violencia contra las mujeres, al albur de las nuevas tecnologías, como el ciberacoso y demandamos una regulación específica sobre esta materia.

Destaca UGT el Protocolo General de actuación, firmado en septiembre, por el Ministerio de Trabajo y las Agencia Española de Protección de Datos, que entre otras cosas mandata a los agentes sociales para que, a través del diálogo social, acuerden un protocolo específico para actuar en el supuesto de acoso digital en el trabajo.

Cabe destacar que el uso de internet, de dispositivos móviles, redes sociales y servicios de mensajería instantánea o geolocalización han dado pie a nuevas formas de ejercer la violencia contra las mujeres, facilitando conductas de control, intimidación, amenazas, acoso y humillación. Algo que confirma un estudio publicado en 2018 por el propio Parlamento, según el cual “las mujeres están siendo específicamente atacadas por la violencia cibernética y las más jóvenes están amenazadas, sobre todo, por el acoso sexual y el acoso sexista”.

Así, el 20% de las mujeres jóvenes de la UE han sufrido acoso sexual cibernético, y el 14% de las mujeres han sufrido acoso cibernético desde los 15 años.

UGT señala que, aunque nuestro Código Penal tipifica este delito y lo persigue, es necesario una regulación específica y actuar en las empresas, para lo que hace falta información y formación. Se trata de prevenir y poder detectar los casos de ciberacoso y que se pueda presentar reclamación, lo antes posible, a fin de minimizar la difusión de los contenidos en Internet y evitar un perjuicio mayor. En este sentido, el Protocolo firmado por el Ministerio y la AEPD tiene como objetivo “convertirse en un instrumento que impulse el conocimiento y la difusión entre las organizaciones empresariales y sindicales, de las responsabilidades penales, civiles, laborales, y de Seguridad Social, y administrativas de este tipo de comportamientos”.

Se trata de mejorar el grado de concienciación de todos sobre este grave problema y fomentar la difusión sobre los medios para hacer frente a estas situaciones, entre las que se encuentra la de presentar reclamación ante la AEPD.

No será posible acabar con la violencia de género mientras que no eliminemos la discriminación y la desigualdad que sufren las mujeres todos los ámbitos y niveles. Para eso hacen falta políticas eficaces y recursos económicos.

El empleo es fundamental para combatir la violencia de género, porque para hacer frente a estas situaciones es necesario que la mujer sea independiente económicamente. Según un estudio de la UE, el 82,5% de las mujeres que han sufrido violencia son poco independientes económicamente, el 59% estaban en situación de desempleo, y el 71% de las víctimas destacaba el desempleo y las situaciones de precariedad como los principales frenos para denunciar.

En España la inserción laboral de las mujeres que son víctimas de violencia de género debería estar garantizada, pero no es así. Las bonificaciones a la contratación y los contratos de sustitución no funcionan, correctamente. Así, las empresas apenas utilizan las bonificaciones o reducciones de cotizaciones para contratar a una víctima de violencia de género (el 0,009% en el periodo de 2003 a 2016) y cuando se utilizan es para contratos precarios y temporales (el 74%), y apenas para indefinidos (solo el 26%).

Recordar que entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de octubre de 2019, en España han sido asesinadas 1.026 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y que sólo en los 10 primeros meses de este año han sido asesinadas 50 mujeres por la violencia machista, tantas como en todo 2018, y han sido asesinados 3 menores y 41 han quedado huérfanos. Igualmente, cabe destacar la violencia psicológica, sexual y económica que sufren las mujeres.

En nuestro país, en 2018 el número de denuncias por violencia sobre las mujeres ejercida por la pareja o expareja fue de 166.961, un 0,4% más que en 2017.

Por otra parte, según los anuarios del Ministerio de Interior ese año los delitos contra la libertad e sexual ascendieron a 13.811 (un 18% más que en 2017) y se produjeron 1.702 violaciones (un 22,7% más que en 2017), es decir se produjeron casi 5 violaciones al día.

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