Cartas al Director
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La exención de guardias para una médica embarazada constituye un derecho de protección de su salud y la de su hijo. No puede recaer sobre la mujer embarazada unas consecuencias laborales y económicas que no han sido buscadas ni queridas por ella, ya que le vienen impuestas en relación a su maternidad.

En los últimos años, numerosas sentencias han dado la razón a las facultativas, reconociendo el derecho a cobrar las guardias. Ya el Tribunal Supremo, el 24 enero de 2017, reconoció el derecho a percibir guardias no realizadas durante la situación de riesgo durante el embarazo y lactancia. Sufrir una disminución salarial por el mero hecho de haberse acogido a una adaptación de su puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo y lactancia, supone una vulneración del derecho a la igualdad y la no discriminación de la mujer.

Otros sistemas de salud nacionales, en aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y protegiendo a la mujer médico embarazada, ya se han adaptado para no perjudicar las retribuciones de las mujeres embarazadas, aplicando directamente un prorrateo de guardias, sin necesidad de ser reclamado por las facultativas.

No es el caso de Ceuta; estas médicas llevan reclamando a INGESA, algunas desde el 2017, el cobro de estas guardias, no recibiendo respuesta alguna por parte de la administración.

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