Editorial
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El ministro de Fomento -por ahora- ha manifestado la intención del Gobierno de investigar la subida de precio del transporte marítimo y aéreo para los residentes insulares, los de Ceuta y los de Melilla, tras la entrada en vigor de la bonificación del 75 por ciento. Algo que, hasta cierto punto, va en pro de garantizar los derechos de la ciudadanía.

Lo que no es de recibo es que también pretendan investigar a los ciudadanos en función de los viajes que hace y su nivel de renta, ya que independientemente del sueldo que se tenga, todos los ceutíes deben tener las mismas facilidades que el resto de los españoles para desplazarse por todo el territorio nacional. Es muy fácil hablar sin saber y sin vivir en las propias carnes lo que es realmente la extrapeninsularidad, lo que es depender de compañías navieras, que actúan a su antojo, para poder salir de tu ciudad.

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