Opinión
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El sector de las telecomunicaciones en nuestro país es uno de los que aglutina el mayor número de quejas y reclamaciones por las cláusulas abusivas, es sabido que la ley 9/2014 de 9 de mayo (que es la que regula este sector) nesecita de cambios urgentes, para que éstas compañías no sigan haciendo su agosto, a costa de millones de usuarios.

Nos vamos a centrar en las multas descabelladas que imponen cuando un cliente se retrasa en el pago de un recibo, la primera medida que toman es cortar la línea y muchas de las veces sin avisar, seguido de un incremento desorbitado en la factura a pagar y no sólo ese mes sino el anterior también. Pero no se queda ahí la cosa sino que, si el banco devuelve el recibo, te vuelven a cobrar otra cantidad más.

Me gustaría saber por qué no se cumple el artículo 51 de nuestra Constitución, donde dice: Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos.

Deberíamos preguntarnos: ¿Son legales estas cláusulas? Según FACUA no, ya que los importes son excesivos y no resultan proporcionales a los supuestos prejuicios que sufren estas telecos. En julio del 2013 FACUA denunció a varios operadores sin efecto alguno,  ya que la pasividad de las autoridades tanto estatales como autónomicas, favorecen a que estas compañías campen a sus anchas.

Para paliar el atropello que sufren todos los usuarios, se tendrían que legislar los plazos en los que se pueda suspender el servicio por impago y no dejar (como pasa actualmente) en manos de estas empresas, que sean ellas mismas las que impongan los plazos para suspender los servicios.

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