Reclaman que las lenguas de signos españolas se equiparen al resto de lenguas del Estado.
Sociedad
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Este próximo viernes 14 de junio, se celebra en España el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Esta fecha se adoptó en 2014 en Consejo de Ministros, y desde entonces se celebra cada 14 de junio porque ese mismo día de 1936, se constituyó la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), entidad que junto a su red asociativa ha hecho posible que estas lenguas, la lengua de signos española y la catalana, “sean valoradas en la sociedad”.

Con motivo de esta celebración, la CNSE ha hecho público un manifiesto en el que reclama la equiparación de la lengua de signos española y de la lengua de signos catalana con el resto de lenguas del Estado. Para ello, propone que se incorporen las lenguas de signos españolas en el artículo 3 de la Constitución Española, al tratarse de “lenguas tan válidas como cualquier otra para transmitir ideas, acceder al conocimiento, avanzar hacia la igualdad, y construir ciudadanía”.

Asimismo, recuerda que, si bien existen referencias expresas a las lenguas de signos en ocho estatutos de Autonomía, una ley estatal y dos leyes autonómicas, “hay que seguir avanzando en su protección jurídica”. Para la entidad, que aboga por la creación de una Estrategia Nacional sobre enseñanza, uso, protección y promoción de las lenguas de signos españolas, “la diversidad lingüística, su reconocimiento y su ejercicio, son una necesidad para vivir en una sociedad justa, digna, diversa y democrática en la que los derechos de todas y todos los ciudadanos valen lo mismo”.

En este sentido, insiste en que estas lenguas se contemplen de manera trasversal en cualquier tipo de legislación, ya que “fomentar el uso de la lengua de signos en todos los ámbitos, es apostar por la no discriminación”.

Otra de las cuestiones que plantea la Confederación, es la consideración de las lenguas de signos españolas “desde la perspectiva de los derechos lingüísticos”, y no solo como una herramienta al servicio de la accesibilidad. Al respecto, la CNSE se suma a una resolución aprobada por unanimidad por el Comité Permanente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), que insta a la protección y promoción de las lenguas de signos, ya que “son un derecho en sí mismo de las personas sordas, que posibilitan la consecución de muchos otros derechos fundamentales como el derecho a la educación, al empleo, a la formación, o a la participación”.

Una afirmación que también comparte el Comité de Ministros del Consejo de Europa al destacar “la importancia de las lenguas de signos como lenguas naturales de las personas sordas, y sus beneficios en el marco de una práctica educativa plurilingüe no solo por parte de las niñas y niños sordos, sino también por sus compañeros y compañeras, maestros y familias”.

En lo que se refiere a la necesidad de salvaguardar las lenguas de signos españolas, la CNSE alude al acuerdo adoptado en octubre de 2018 por el Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que se proponía declarar la lengua de signos española y la lengua de signos catalana y sus expresiones culturales, como bienes del Patrimonio Cultural Inmaterial de España. Un procedimiento que culminará con la elaboración de un Real Decreto muy esperado por la comunidad sorda, ya que implica el compromiso ineludible con la difusión, transmisión, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización y revitalización de estas lenguas “largamente minorizadas”.

En esta línea, reclama al Ejecutivo que apoye la inclusión de las lenguas de signos españolas en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, “para que dejen de ser lenguas en peligro”.

La CNSE es una organización sin ánimo de lucro que atiende los intereses de las personas sordas y con discapacidad auditiva y de sus familias en España. Desde su creación, en 1936, la CNSE ha desarrollado una labor de reivindicación e incidencia política para lograr la plena ciudadanía de las personas sordas; así como del desarrollo de programas de atención  y prestación de servicios a través de sus federaciones.

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