El Tribunal de Cuentas aprueba el informe anual de Ceuta del ejercicio 2.016
Economía
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Esta fiscalización, aprobada por el Pleno del Tribunal de Cuentas, recoge los resultados del control económico-presupuestario de la actividad desarrollada por la Administración General de la Ciudad de Ceuta y los diferentes organismos y empresas públicas durante 2016.

En la actividad fiscalizadora se han analizado, especialmente: la ejecución anual de los Presupuestos Generales de la Ciudad; la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; la gestión de los gastos de personal, los instrumentos de lucha contra la morosidad, las subvenciones y transferencias concedidas, la situación de los bienes municipales, el endeudamiento financiero y las concesiones administrativas otorgadas por la Autoridad Portuaria.

Asimismo, se ha efectuado un seguimiento de: los planes de ajuste y saneamiento presentados por la Ciudad; el cumplimiento de la normativa para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; las prescripciones en materia de transparencia y medio ambiente; así como, el grado de cumplimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en anteriores informes de fiscalización.

De resultado de la actividad fiscalizadora, el Informe recoge una serie de conclusiones, entre ellas, las siguientes:

La rendición de la Cuenta General de la Ciudad correspondiente al ejercicio 2016 se ha efectuado con casi dos meses de retraso respecto del plazo legalmente previsto en el art. 223 del TRLRHL.

En la fiscalización se han detectado debilidades en el control atribuido a la Intervención de la Ciudad, en relación con: la organización general del personal y de los servicios de la Ciudad; en los procedimientos y registros contables; en la gestión patrimonial; así como en la gestión y control de las subvenciones concedidas, que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de la Ciudad.

En relación con el presupuesto, aprobado inicialmente en 2016, se destaca que se incrementó, en un 10%, como consecuencia de las modificaciones de crédito efectuadas. El grado de ejecución del presupuesto de gastos de la Administración General alcanzó un porcentaje del 85%, y la liquidación del presupuesto de ingresos tuvo un grado de realización de las previsiones finales del 90%. Las obligaciones reconocidas estaban sobrevaloradas en 1.233.000 euros, debido fundamentalmente a obligaciones devengadas en ejercicios anteriores e imputadas al presupuesto; por su parte, los derechos reconocidos se encontraban sobrevalorados en 5.027.000 euros, principalmente por la incorrecta contabilización de las transferencias recibidas de la Administración General del Estado para garantizar la recaudación del IPSI.

En cuanto a la estabilidad presupuestaria, la Ciudad cumplió el objetivo fijado en el ejercicio 2016, al encontrarse en situación de capacidad de financiación en términos de contabilidad nacional. Asimismo, ha cumplido el objetivo de la regla del gasto y el objetivo de deuda.

Los gastos de personal representaron, en 2016, el 44% del gasto total del sector público autonómico, una vez eliminada las transferencias de la Administración General a las entidades dependientes. La Ciudad ha seguido sin elaborar la Relación de Puestos de Trabajo prevista en la normativa de las Entidades Locales.

El periodo medio de pago a proveedores de la Ciudad en el año 2016 disminuyó de forma significativa al pasar de 81,97 días, en el primer trimestre, a 15,40 días en el cuarto.

En el análisis efectuado sobre la gestión de la actividad subvencionadora se ha puesto de manifiesto la ausencia de una planificación estratégica, así como de determinadas deficiencias en: las actuaciones de comprobación de la justificación y aplicación de las subvenciones; la especificación clara de los objetos de los convenios, y en la tardanza en la exigencia de los reintegros.

Por lo que se refiere a la gestión de los bienes patrimoniales, se mantienen las mismas carencias detectadas en anteriores ejercicios, en cuanto a la falta de elaboración de los inventarios separados del patrimonio municipal del suelo y de las vías públicas y zonas verdes de la Ciudad. De esta forma, existe un elevado número de bienes sin valoración y otros pendientes de depuración y regularización; falta de inscripción registral de la transmisión de la titularidad de los bienes recibidos del Estado, en diferentes traspasos de competencias; una incorrecta valoración de las participaciones de sociedades dependientes; así como, ausencia de conteos y recuentos físicos.

En cuanto al endeudamiento financiero, se aprecia que en 2016 la Ciudad Autónoma ha disminuido la deuda un 5%, situándose la ratio por habitante, a 31 de diciembre, en 2.314 euros.

Por otra parte, la Ciudad Autónoma y su sociedad dependiente, Parque Marítimo del Mediterráneo, S.A., no han contabilizado íntegramente las deudas correspondientes a las tasas y cánones giradas por la Autoridad Portuaria, como consecuencia de la titularidad de siete y dos concesiones administrativas, respectivamente. Asimismo, se ha comprobado que varias trasmisiones de derechos concesionales, efectuadas por ambas a empresas privadas y particulares, no se elevaron a escritura pública, habiéndose seguido girando las tasas de ocupación a la Ciudad y a la sociedad municipal, por lo que han sido reclamadas.

En relación con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres hay que señalar que sólo un tercio de los efectivos reales de la Administración General de la Ciudad lo componen mujeres; que en 2016 no se reunió la Comisión Técnica del I Plan de igualdad de oportunidades para el personal laboral y funcionario, y que tampoco se han elaborado los informes de impacto de género previstos en los art. 15 y 19 de la Ley Orgánica 3/2007.

En el ejercicio fiscalizado la Ciudad de Ceuta ha implantado el portal de transparencia previsto en la Ley 19/2013, si bien se ha comprobado, al término de esta fiscalización, que este no incluía toda la información expresamente exigida en la citada ley. En relación con la gestión medioambiental, el Consejo Sectorial de Medio Ambiente no se ha reunido en el ejercicio fiscalizado. Tampoco se ha elaborado el plan de inspecciones previsto en la normativa aplicable.

Por otra parte, las subvenciones recibidas del Fondo de Compensación Interterritorial han sido contabilizadas de forma incorrecta, por parte de la Administración General de la Ciudad, y no han sido destinadas a nuevas inversiones, tal y como prevé la normativa reguladora de estos fondos.

Finalmente, por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización de ejercicios precedentes, en general no se observan actuaciones definitivamente encaminadas a su cumplimiento, por lo que se reiteran en el presente informe.

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