Editorial
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El Consejo de Gobierno de hoy ha dado luz verde a dos propuestas que el Partido Popular elevará al próximo Pleno de la Asamblea y que, teniendo en cuenta su mayoría, serán finalmente aprobadas.
 Por un lado, el Ejecutivo pedirá al Gobierno de la nación que modifique dos puntos del Código Civil para que la concesión de la nacionalidad española a los niños que nazcan en Ceuta y Melilla esté condicionada a una antigüedad de residencia de sus padres de 10 años.
 
Por otra parte, el Gobierno pide que se incluya una disposición adicional en la Ley de Protección al Menor para que los MENA no estén más de tres meses en Ceuta y ese tiempo, la tutela, corresponda al Estado.
 
Es evidente que el Ejecutivo local está luchando para que se reconozca las peculiaridades de Ceuta hasta el punto de que se modifiquen normas nacionales aunque todo apunta a que el Estado no acogerá las propuestas de buen agrado, tras negarse hace unos meses a aceptar la devolución de las competencias de los menores extranjeros no acompañados.
 

No es de recibo que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenga en cuenta que las fronteras de Ceuta y Melilla presentan la mayor desigualdad de renta per cápita y sufren una presión migratoria que las ahoga. Pero, ¿qué puede esperar Ceuta si al PSOE no le importa ni España?

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