El presupuesto de la Secretaría de Estado de Función Pública, orientado a la mejora de la prestación de servicios públicos
Política
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El secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, ha destacado que las políticas que lleva a cabo la Secretaría de Estado no cuentan en buena parte con un presupuesto propio, son actuaciones relevantes para la mejora de la situación de los empleados públicos o medidas para avanzar en igualdad y conciliación y su repercusión económica se reparte por los distintos departamentos. “Nuestro presupuesto está orientado al desarrollo de las políticas que impulsan en última instancia una mejora de la prestación de servicios a los ciudadanos”.

José Antonio Benedicto, durante su comparecencia en la Comisión de Política Territorial y Función Pública sobre los PGE 209, ha resaltado la última Oferta de Empleo Público y la aprobación del Real Decreto-ley, convalidado este mes en el Congreso, que regula el incremento retributivo de los empleados públicos para 2019.

También ha recordado el acuerdo para no discriminar a diagnosticados en VIH, diabetes, celiaquía y psoriasis para acceder al empleo público o la recuperación de derechos suspendidos durante la crisis, eliminando la penalización retributiva que sufrían los empleados públicos en situación de incapacidad temporal, acuerdos negociados y suscritos con las organizaciones sindicales.

El secretario de Estado ha explicado la transformación permanente que vive la Administración pública, con los últimos avances tecnológicos:

-Refuerzo de las infraestructuras técnicas hardware y software para garantizar la calidad de los servicios y los trámites en todas las administraciones públicas.

-Impulso a la receta electrónica de MUFACE, que permitirá un mejor control del gasto farmacéutico y una mejora de asistencia a mutualistas.

-Ciberseguridad, reforzando la seguridad de infraestructuras informáticas de la AGE y la coordinación con el resto de administraciones públicas.

-Gestión del contrato centralizado de comunicaciones de la AGE, en colaboración con Hacienda, para marzo de 2020, ahora en fase de licitación y con un presupuesto de 289 millones para datos, móviles, internet y comunicaciones.

La dotación total con que contará la Secretaría de Estado para 2019 es de 1.918,5 millones de euros para seis programas presupuestarios, con un incremento de 20,4 millones y seis programas presupuestarios.

-Investigación y desarrollo de la sociedad de la información, 49,8 millones, con un incremento de 4 millones, un 8,8% más, con una clara apuesta de este Gobierno por reforzar los recursos humanos de los servicios destinados a impulsar la Administración digital. Se dará un nuevo impulso al despliegue de nuevos servicios digitales, como Carpeta ciudadana, aplicaciones para garantizar la aplicación del Real Decreto sobre accesibilidad de sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del Sector Público. También desarrollo de las Leyes 39/2015 y 40/2015, un salto en el uso de medios electrónicos no solo de la AGE sino de todas las administraciones públicas.

-Formación del personal de las Administraciones Públicas, 85,7 millones

-Prestaciones económicas del mutualismo administrativo”, 288 millones

-Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo”, 1.468,7 millones

-Evaluación de la transparencia de la actividad pública”, 2,8 millones

-Dirección y organización de la Función Pública”, 23,1 millones de euros

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), con 1.756,9 millones, dispone de la mayor partida de la Secretaría de Estado. Gestiona las prestaciones económicas del mutualismo administrativo”, 288 millones de euros, y la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo”, 1.468,7 millones de euros. El incremento es de 16,4 millones con respecto a 2018.

El INAP, organismo gestiona el Programa Formación del Personal de las Administraciones Públicas, con 85,7 millones de euros, con un incremento de 933.680 euros.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, incrementa notablemente su presupuesto en un 24,36%, pasando a 2,8 millones de euros, que va a permitir a este organismo una mayor capacidad de actuación.

Con este incremento se refuerza la consolidación del Consejo, su función evaluadora del cumplimiento de la Ley de y Transparencia, fomentando el impulso de la cultura de la transparencia y garantizando el ejercicio de derecho de acceso a la información pública, como apuesta clara de este Gobierno.

23,1 millones de euros son los gastos generales de la Secretaría de Estado de Función Pública y su finalidad es contribuir al desarrollo de los principales objetivos y sus líneas fundamentales de actuación: el impulso de la Administración digital, el fomento de la innovación en materia de Administración pública, Gobierno y Administración más abiertos, transparentes y accesibles a los ciudadanos y un empleo público motivado, igualitario y reconocido por la sociedad.

El proyecto de Presupuestos, ha destacado Benedicto, recoge la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas “con carácter intransferible, dando así un importante paso adelante en la consecución de la corresponsabilidad familiar”.

En los criterios de oferta de empleo público, “hemos ampliado la tasa de reposición al 100% en plazas de personal que presta asistencia en materia de violencia de género, para todas las administraciones, aunque no cumplan los criterios de estabilidad.

El proyecto recoge también una disposición para flexibilizar el régimen de control y fiscalización de la gestión económico-financiera en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que mantienen la condición de EELL. “Si no hubiera normativa autonómica de aplicación -ha explicado Benedicto- esas funciones podrán ser desempeñadas por un funcionario con habilitación de carácter nacional, por un funcionario de la corporación, por servicios de la diputación provincial o, en defecto de los anteriores, por cualquier otra persona con capacitación suficiente”.

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