Editorial
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La subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea, y la directora general de Política Interior, Carmen López, han visitado al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, para presentarle las medidas puestas en marcha para impulsar la resolución de los expedientes de protección internacional acumulados en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

Como primera medida destinada a paliar estos retrasos en la gestión de expedientes, el Consejo de Ministros del 27 de julio aprobó una oferta de empleo público extraordinaria y adicional de 231 plazas para reforzar la OAR, acordada en colaboración con los ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública.

Sin duda alguna, se trata de una medida que puede tener importantes repercusiones en nuestra ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que en el CETI ya viven cerca de 300 inmigrantes argelinos y todos ellos están a la espera de la resolución de sus pertinentes expedientes.

El colectivo de argelinos demanda una aceleración de los procesos y esta acción del Gobierno debe permitir que en el CETI se generen más situaciones de conflicto por las diferencias de trato con los subsaharianos a la hora de permanecer más o menos meses en este recinto.

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