ADICAE recurre el archivo de las preferentes para defender el interés general
Economía
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La asociación ADICAE ha presentado el recurso ante la sala segunda del Tribunal Supremo que archivaba el primer juicio penal por las preferentes que llegaba a la Audiencia Nacional en base a la doctrina Botín y que pretende impedir a ADICAE proseguir como acusación popular en beneficio del interés general y produciendo una efectiva situación de indefensión. 

ADICAE cree que es más que evidente y comprobado que existió premeditación de la caja a la hora de lanzar al mercado las preferentes, destinando las mismas a aquellos consumidores ya clientes de forma engañosa, con el ánimo de mejorar la solvencia de la entidad a costa de los ahorros de los pequeños ahorradores y a sabiendas de que se trataba de productos en ninguna forma adecuados para los consumidores en general.

ADICAE mantuvo la acusación popular, y por eso recurre al TS, al considerar que sólo por esta actuación merece una sanción. El daño a la sociedad y a la economía es palpable, aunque se haya resarcido a una gran parte de los afectados no se ha acreditado la ausencia de daños y perjuicios a los pequeños ahorradores y a la economía y la sociedad en su conjunto. Según el escrito presentado por los servicios jurídicos de la asociación, “se podía encuadrar dentro de esos intereses difusos o colectivos que permiten el ejercicio de la acción pública como se permitió en el caso Atutxa”. 

Analizando los delitos por los que se acusa a Roberto López Abad y María Dolores Amorós, estafa, publicidad engañosa y maquinación para alterar el precio de las cosas, se puede considerar que se está “ante el enjuiciamiento de delitos que protegen bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, en definitiva, se trata de delitos que afectan a los intereses colectivos más allá de los puramente individuales. 

ADICAE cree que una estafa de tal magnitud no debe quedar impune y ve insuficiente que tan solo se investiguen delitos claramente menores relacionados con indemnizaciones, pensiones millonarias o las tarjetas black. Como en otras querellas sobre la actuación y la quiebra de las cajas parece no quererse llegar al fondo de la cuestión: el hundimiento de las cajas de ahorros que merece una explicación clara y por supuesto un reproche penal que la actuación judicial ha impedido hasta el momento.

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