Editorial
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Muchos españoles coincidían en la mañana del 22A en señalar como necesario algún tipo de medida que disuadiera a los migrantes de utilizar métodos violentos en los saltos a la valla. La situación de indefensión de la Guardia Civil era comentada en los corrillos ceutíes en los que de nuevo se cuestionaba por qué no se procedía a la identificación de los violentos para su posterior detención. Nadie imaginaba la operación que se desarrollaba desde el mismo momento en el que se produjo el salto.

 La Policía Nacional ha trabajado a destajo para poder completar, uno a uno, los expedientes de expulsión de los migrantes. El operativo se inició a las 9.00 horas del martes y hasta prácticamente las 14.00 horas del miércoles no se dio por completado y se autorizó publicitarlo. Unas horas en las que la Policía Nacional y la Guardia Civil han querido trabajar con todo el sigilo posible para que la operación que se estaba desarrollando no llegara a oídos de aquellos que posteriormente pasarían también por las dependencias policiales.

 

La decisión del Gobierno de aplicar el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros ha sorprendido mucho y generalmente para bien. También es cierto que es una muestra de que el Gobierno de España puede haber visto al fin unas orejas al lobo sobre las que muchos advertían desde hace tiempo. Ahora es necesario que se dote a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta de medios humanos y materiales suficientes.

 

 

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