El Defensor del Paciente se hace eco de la apertura de las agendas de consultas médicas
Sanidad
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La FeSP–UGT, a través de su representante en Sanidad ha hecho llegar un escrito al director Territorial del INGESA en Ceuta, Fernando Pérez Padilla, en relación al cierre de determinadas agendas de consultas de especialidades en el Hospital Universitario de Ceuta, del que también se ha hecho eco el Defensor del Paciente.

En el escrito remitido a Pérez Padilla, la FeSP-UGT le ha comunicado su preocupación por “la importancia de este asunto, el grave perjuicio que se le está ocasionando a los pacientes, la sobrecarga de trabajo así como la exposición a problemas que pueden derivar incluso en agresiones a nuestros trabajadores, tanto en consultas externas como al personal administrativo de los Centros de Salud y del Hospital”.

Como se indicaba ayer desde la citada federación sindical, no es la primera vez que se denuncia esta situación y de manera amplia en los medios de comunicación, en relación también a la denuncia formulada recientemente a través de este medio, ya que como se indica desde la UGT “nos parece que perjudica gravemente, tanto a los trabajadores, como a los pacientes. Además de contribuir a enmascarar las estadísticas de demoras de consultas externas”.

En el escrito enviado al director Territorial del INGESA en Ceuta, se le ha solicitado que precisamente desde la citada Dirección Territorial se inicie un procedimiento de Inspección Sanitaria para acabar con esta práctica que el sindicato entiende que es “ilícita” y se reconduzca la situación a términos de normalidad, en la cual los pacientes reciban su cita con fechas definidas y no ocurra como viene siendo habitual que su solicitud quede guardada en una carpeta en espera de que se abran las agendas.

Finalmente, desde la FeSP-UGT se ha querido advertir que “de no solucionarse este asunto en un plazo prudencial, desde esta Organización Sindical barajamos también la posibilidad de denunciarlo ante otras instancias superiores, como la Alta Inspección Sanitaria o al órgano administrativo donde mejor proceda. Por la responsabilidad que tenemos, no podemos consentir, ni ser partícipes por omisión, de este grave perjuicio a la sanidad de esta ciudad”, concluye.

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