Foto de Archivo. LVC
Inmigración
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Los menores marroquíes no acompañados suman actualmente 2.200 personas en territorio español, y no existe por el momento ninguna perspectiva cercana de repatriación, según explicaron a la agencia de noticias EFE fuentes que siguen de cerca su caso.

Las cantidades más "críticas" están en los centros de internamiento temporal de Melilla (más de 450) y en Ceuta (más de 200), mientras que el resto se reparte en otros centros de varias comunidades autónomas, principalmente la de Andalucía.

Estos menores marroquíes, casi exclusivamente varones, que en la jerga policial se les conoce como "MENA" (menores extranjeros no acompañados), constituyen un problema que en Europa se concentra hoy en dos lugares: Suecia, con 800 casos, y España, y ninguno de los dos países tiene claro un plan para su repatriación.

Mientras que Suecia ha creado una comisión con Marruecos para estudiar el modo de devolverlos a su país, y que incluye la posibilidad de abrir un centro de acogida y formación dentro de Marruecos, España no contempla siquiera esa posibilidad ante el fiasco que supusieron las distintas experiencias intentadas en la década pasada.

El caso más emblemático fue el de la Comunidad de Madrid, que gastó en 2005 tres millones de euros para financiar la construcción o el acondicionamiento de dos centros de acogida en las regiones de Tánger y Marrakech, pero nunca llegaron a funcionar.

Si bien Marruecos aceptó en un primer momento la idea de los centros de acogida, más tarde se negó a darle el uso para el que había sido construido por el supuesto "efecto llamada" que generaría un centro donde se da alojamiento, comida y formación para jóvenes en un país que tiene una grave carencia en este ámbito.

El oficial Consejo Nacional de Derechos Humanos publicó en 2013 un informe muy crítico sobre el estado "mas que preocupante" de los 17 centros de internamiento de menores en Marruecos, donde se acogía entonces a 1.852 residentes y en los que detectaron deficiencias de higiene y alimentación, además de casos generalizados de "castigos corporales".

Con estas carencias, se comprende que Marruecos muestre poca urgencia por repatriar a los menores de España, a lo que ayuda el hecho de que el sistema español se haya vuelto más garantista en los últimos años.

El punto de inflexión se produjo entre los años 2004 y 2008: de los 111 menores repatriados en 2004, se pasó a solo seis cuatro años después, pese a existir ese mismo año 379 "acuerdos de repatriación", según las cifras recogidas por la investigadora Mercedes Jiménez, que dedicó una tesis doctoral al asunto.

En se lapso de tiempo, las denuncias interpuestas por ONG y colectivos de defensa al menor hicieron que se pasara de una óptica más policial a una más garantista, que es la que prima actualmente.

Las fiscalías de menores de las distintas autonomías en España exigen garantías de que el menor "repatriable" quede bien acogido y tratado, algo difícil de conseguir por la carencia de centros o porque, en el caso de existir una familia de acogida, son familias desestructuradas o muy pobres.

Como consecuencia, los menores marroquíes residen en los centros de acogida españoles, la mayoría de carácter abierto (solo cierran sus puertas en las noches), y nada en teoría impide su movilidad dentro de España, y más allá, dentro del espacio Schengen.

Para los que residen en Ceuta y Melilla, el sueño es llegar a la península, y los intentos de paso clandestino, en los bajos de camiones o como polizontes en los barcos, son sistemáticos, hasta el punto de la que la policía tiene un dispositivo específico (la llamada "Operación Feriantes") de detección de estos niños.

Siendo niños procedentes de medios sociales complicados, la mayoría no tienen estudios ni formación, y es frecuente que terminen practicando el hurto y caigan en el consumo de drogas, lo que se repite tanto en España como en Suecia.

Al llegar a los 18 años, los niños ya no son tales y dejan de tener derecho al acogimiento. Se convierten entonces en adultos sin techo.

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