Elisabeth Muñoz y el presidente del Colegio Oficial de Enfermería, Luis de la Vega. LVC
Sanidad
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Los más de 450 profesionales de Enfermería de Ceuta no podrán usar ni indicar a sus pacientes medicamentos sujetos a prescripción médica sin la previa receta del médico, lo que conllevará una peor atención a los caballas (más esperas, más consultas y más gestiones), tras la aprobación por parte del Gobierno del PP de un Real Decreto que también perjudicará al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).

Según han explicado la secretaria autonómica de SATSE, Elisabeth Muñoz, y el presidente del Colegio Oficial de Enfermería, Luis de la Vega, el Ministerio de Sanidad ha traicionado y engañado a la profesión enfermera ceutí al modificar, en el último momento, el texto del Real Decreto de prescripción enfermera que había acordado con la Mesa de la Profesión Enfermera y aprobar, finalmente, una normativa que deteriora la calidad asistencial que se ofrece a los ciudadanos.

Los representantes enfermeros han indicado que, una vez se publique en el BOE el Real Decreto, el Gobierno del PP pasará “la patata caliente” a las CC.AA., y será al INGESA al que le corresponda asumir una situación creada por la administración central.

Se da, además, la circunstancia de que el texto inicial acordado con la profesión enfermera fue ratificado también por Ceuta, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el  pasado mes de marzo, por el entonces consejero de Sanidad Abdelhakim Abdeselam Al-Lal. Por ello, desde la Mesa de la Profesión se ha solicitado también una reunión con la actual consejera de Sanidad, Adela Nieto, de cara a recabar su apoyo en su demanda de cambio del RD.

En cuanto a las repercusiones que tendrá para los ciudadanos, han destacado que será en todos los ámbitos donde los enfermeros desarrollan su trabajo (hospitales, centros de atención primaria, ambulancias, residencias, servicios de salud laboral…). Así han apuntado que, en todos estos ámbitos, los profesionales vienen usando e indicando medicamentos de prescripción médica siguiendo protocolos pactados con los médicos o publicados por las autoridades sanitarias. Se trata de una actuación más de su asistencia enfermera, han subrayado, añadiendo que estas actuaciones enfermeras en el ámbito del fármaco son vitales para garantizar la continuidad de los cuidados y agilizar la toma de decisiones y la atención en su conjunto, aspectos que inciden directamente en la optimización y coordinación de los recursos disponibles y en la seguridad del paciente.

Algunos ejemplos los encontramos cuando las enfermeras administran una vacuna; cuando las matronas atienden un parto de forma autónoma; cuando utilizan cremas (la mayoría consideradas medicamentos sujetos a prescripción médica) para curar heridas, quemaduras o ulceras por presión, o cuando regulan la medicación a los pacientes crónicos en las consultas, por ejemplo, en el caso de los diabéticos o anticoagulados.

Asimismo, en todos aquellos servicios donde no hay médicos en plantilla de forma permanente (empresas, escuelas, residencias de mayores, ambulancias…) la enfermera tendrá que esperar a tener un diagnóstico y una prescripción médica.

Los representantes enfermeros han reiterado que, una vez entre en vigor el RD, los profesionales de Enfermería tendrán que modificar su forma de actuar si no quieren ir contra la Ley y su propio Código Deontológico, porque, de lo contrario, supondría asumir una responsabilidad que no le corresponde (intrusismo profesional). Algo que, además, no estará cubierto por la póliza de responsabilidad civil.

Ante esta situación, desde la Mesa de la Profesión se ha instado a los profesionales de enfermería a que realicen la denominada “huelga competencial”, es decir, que no realicen ninguna actuación relativa a medicamentos sujetos a prescripción médica sin el estricto cumplimiento de las formalidades impuestas por el Real Decreto aprobado, archivando toda la documentación que acredite la prescripción médica y su posterior supervisión.

Siendo esta la lamentable realidad provocada por el PP, desde la Mesa se pide al INGESA que se dicten las instrucciones precisas para que los órganos directivos de los centros e instituciones sanitarias de la CC.AA. respeten la libre y legítima conducta de todos los enfermeros que a partir de ahora se verán obligados a actuar conforme a lo previsto en el Real Decreto.

Entre otras acciones previstas por la Profesión Enfermera, destaca el desarrollo de una campaña de información y sensibilización social en todo el Estado, para que los ciudadanos conozcan que la decisión adoptada por el Gobierno del PP supondrá más tiempos de espera, más consultas y más gestiones. En definitiva, una peor atención de la que no será responsable, en modo alguno, el profesional enfermero.

Asimismo, se celebrarán jornadas de responsabilidad civil en todos los centros sanitarios para que los profesionales enfermeros conozcan las consecuencias del Real Decreto en lo que respecta a su seguridad jurídica y actuación profesional. De igual manera, los enfermeros contarán con todo tipo de información y asesoramiento en la sede autonómica de SATSE y en el Colegio de Enfermería de Ceuta.

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