Soledad Becerril, Defensora del Pueblo
Sanidad
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La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha comparecido este martes en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para realizar un balance de su gestión en los nueve primeros meses del año y presentar los estudios “Tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los trámites”, “Seguridad y accesibilidad de las áreas de juego infantil” y “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes”, un estudio elaborado con todos los defensores del pueblo autonómicos.

En los primeros nueve meses del año el Defensor del Pueblo ha formulado 1.070 recomendaciones y sugerencias. La Institución ha iniciado 381 actuaciones de oficio y ha gestionado 11.804 expedientes.

Entre las recomendaciones formuladas la Defensora ha destacado:

-Recomendación para establecer programas que garanticen la alimentación de los menores en periodos no lectivos.

-Recomendación para que los suelos urbanizables sin construir paguen IBI rústico.ç

-Recomendación para que las administraciones autonómicas adecuen a la realidad del mercado los coeficientes y valores catastrales que aplican para valorar los inmuebles que tributan por el impuesto de transmisiones patrimoniales.

-Recomendación para que las administraciones equiparen las indemnizaciones a todas las víctimas del terrorismo.

-Recomendaciones sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.

La Institución ha realizado un esfuerzo para disminuir sus tiempos medios de respuesta. Así, en la actualidad el Defensor tarda una media de 31 días en responder a los ciudadanos, menos de la mitad que en 2012 cuando tardaba 64 días.

En la web se puede consultar el listado de administraciones entorpecedoras. En la actualidad 26 administraciones no han contestado al tercer requerimiento de información. 21 son locales y 5 autonómicas.

La Defensora ha presentado a la Comisión Mixta el estudio Tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los trámites”, que analiza cómo y cuánto tiempo lleva a los ayuntamientos otorgar o denegar las licencias urbanísticas. Estas licencias son una pieza clave en la actividad constructiva, pues sin ellas no puede obtenerse financiación y queda paralizada la ejecución de las obras.

En 2014 se iniciaron actuaciones de oficio con una muestra de diez municipios de diferentes tamaño -Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, Cáceres, Pamplona, Algeciras, Irún, Villena y Úbeda- y se formularon siete recomendaciones a los ayuntamientos y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Tras constatar que los ayuntamientos pueden tardar hasta 60 días en otorgar una licencia para obra de reforma menor en un local o en un edificio, y hasta 180 días si la licencia es para obra mayor, se han realizado cinco nuevas recomendaciones, “para que emprender una actividad sea más fácil”, según ha apuntado la Defensora en su comparecencia.

Además de pedir que se agilicen los procedimientos y se acorten los tiempos de tramitación para todo tipo de licencias urbanísticas, la Institución ha recomendado que se facilite el uso de la “declaración responsable” que sustituye a la licencia en muchos casos; que se fomente la claridad, sencillez y transparencia de los procedimientos de tramitación de licencias; que las licencias de actividades y de obras para la apertura de un establecimiento puedan tramitarse y resolverse simultáneamente, y que las entidades supramunicipales suplan la falta de medios de los municipios más pequeños con apoyo técnico, jurídico y material.

La Defensora del Pueblo también ha presentado durante su intervención las conclusiones y recomendaciones del estudio “Seguridad y accesibilidad de las áreas de juego infantil”.

El estudio analiza la seguridad de las áreas de juego infantil. Además, destaca la importancia de la accesibilidad en estas zonas para que los niños con discapacidad puedan disfrutar de estas instalaciones.

La Institución considera que se puede mejorar la seguridad y accesibilidad de las zonas de juego infantil. Así, ha formulado siete recomendaciones en materia de seguridad y cuatro sobre accesibilidad.

En materia de seguridad recomienda una regulación estatal, autonómica y local que establezca los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las áreas de juego infantil. Además, recomienda a los ayuntamientos que realicen inspecciones periódicas de las instalaciones y que los resultados puedan ser consultados a través de las web municipales.

Sobre accesibilidad pide que se siga avanzando en la supresión de barreras arquitectónicas, recomienda regular unos requisitos mínimos de accesibilidad y aboga por aprovechar las tareas de mantenimiento para hacer más accesibles estas áreas de juego de forma progresiva.

El estudio “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes” examina la realidad de los servicios de urgencias y el impacto de su funcionamiento sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Este informe, que se realizó en colaboración con los defensores del pueblo autonómicos, recoge 40 conclusiones. Valora positivamente las medidas de ampliación o renovación en los espacios de urgencias en los hospitales, pero considera necesario que se introduzcan cambios en la organización y gestión de los servicios.

Indica que las situaciones de saturación de las urgencias pueden suponer un menoscabo de la dignidad de los pacientes y propone que se tenga en cuenta a los responsables de los servicios de urgencias en la toma de decisiones sobre disponibilidad de recursos, camas hospitalarias y personal.

También señala que una buena coordinación entre servicios de urgencias y servicios extrahospitalarios es imprescindible para que los pacientes hagan un uso adecuado de las urgencias y para que los enfermos crónicos, las personas de edad avanzada y las personas en situación de exclusión social, reciban la atención debida.

Además, apunta que en muchos lugares la continuidad asistencial de los inmigrantes en situación irregular no está garantizada y recuerda que estos pacientes deben recibir asistencia médica, más allá del alta en los servicios de urgencias.

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