Las viviendas de Loma Colmenar se adjudicarán en un plazo de un mes por sorteo público ante notario
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El Gobierno está en permanente contacto con los grupos de la Asamblea para establecer los criterios de adjudicación de estas VPO

El Ejecutivo no esperará a los resultados ni de la investigación interna que está realizando ni de la Comisión de Investigación

El Gobierno sigue trabajando en el proceso de adjudicación de la promoción de 317 viviendas protegidas en Loma Colmenar. El Ejecutivo está en contacto permanente con los grupos políticos de la Asamblea para establecer los criterios de adjudicación de estas VPO, que deberán fijar el órgano competente, la Comisión Local de la Vivienda, que se reúne este viernes día 10 de julio. Habrá casas para realojos y para víctimas de la violencia de género y discapacitados y el resto de las viviendas se adjudicará mediante el procedimiento del sorteo, un sistema que ya se ha utilizado en otras ocasiones y que si bien no es perfecto garantiza a los ciudadanos la limpieza en el proceso. El sorteo será público y ante notario, según ha manifestado el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, al término de la reunión semanal del Consejo de Gobierno.

La intención es que el proceso se culmine entre finales de este mes y principios de agosto, con la entrega de llaves a las adjudicatarias. El número de viviendas que formará parte de cada cupo debe ser establecido por la Comisión Local de la Vivienda, donde están presentes todos los grupos políticos, como también los criterios que deberán cumplir los demandantes para aspirar a las viviendas que se sortearán.

De este modo, el Gobierno no esperará a los resultados ni de la investigación interna que está realizando ni de la Comisión de Investigación que la Asamblea pueda poner en marcha para esclarecer la aparición en un medio de comunicación de una relación de supuestos adjudicatarios pese a que en ningún caso la adjudicación de la promoción pasó por el órgano competente, la Comisión Local de la Vivienda, ni se tiene constancia de que hubiera una baremación de los demandantes. La intención del Ejecutivo siempre fue que este proceso se iniciara con la Asamblea que surgiera de las elecciones del pasado 24 de mayo, y la Comisión no se ha constituido hasta esta semana.

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