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Opinión
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A Diestras

El asunto de la expropiación de parte de la parcela de Pasaje Fernández va para largo. Una contienda entre Invercap y la Ciudad Autónoma por un monto de 11 millones de euros en una fea historia de negligencias políticas en la gestión del patrimonio público.

La cuestión no es nada baladí, pues Invercap nos reclama a todos los ceutíes 11,2 millones de euros de indemnización, y lo peor es que en su último escrito de alegaciones acusa de presuntos delitos penales cometidos por los responsables políticos de la Administración Pública, señalando directamente al Presidente de la Ciudad, Juan Vivas, para anunciar que era consciente de todo lo que estaba sucediendo con el caso y acusando a esta administración de generar injustificadamente un enorme perjuicio para la hacienda de la Ciudad Autónoma al no resolver antes de seis meses el expediente, por lo que habría que ir sumándole los intereses que son alrededor de 500.000 euros al importe de la expropiación.

Invercap no se queda solo en las acusaciones de negligencia política activa, sino también en la provisoria al denunciar que ni en los presupuestos de 2011, 2012, 2013, 2014 se ha contemplado el importe del justiprecio de la expropiación pese a haber iniciado y tramitado el expediente expropiatorio. O sea, denuncia que el gobierno de Juan Vivas se lanzó a la expropiación sin prever que debía abonar por ello. Eso es algo que suelen hacer en los países bananeros y las dictaduras, donde expropian, se lo quedan y no prevén pagar un céntimo por ello.

Y lo peor no es esa falta de previsión, es que el Tribunal Supremo ha declarado nulas de pleno derecho, y por consiguiente ilegales, las expropiaciones realizadas sin consignación de crédito adecuado, como es el caso. Es decir, no solo no han previsto el pago, sino que por ello además, a todas luces, la expropiación será declarada nula por el Tribunal Supremo.

La chapuza del gobierno de Juan Vivas que nos va a costar a los ceutíes esos 11 millones de euros llega a tal despropósito que se intenta llegar a un acuerdo con Invercap y pagarle con solares pero la Consejería de Hacienda y el Interventor advierten de que este modo no es posible legalmente.

Un asunto bastante feo en el que los perjudicados seremos los ceutíes y una empresa que invierte en Ceuta y que acusa al gobierno de dilación, negligencia política, perjuicio a la hacienda pública y avisa de acciones penales por posibles delitos de prevaricación.

Ya veremos donde acaba todo esto, pero mucho me temo que los de siempre se lavarán las manos y la "hacienda somos todos" pagando lo que dictaminen los juzgados. Luego saldrán hablando de gestión eficaz y eficiente.

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