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Política
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La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, ha asistido al Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, donde se ha aprobado el reparto del Fondo Extraordinario de 17,4 millones de euros para ayudar a las familias con menores a cargo y que se encuentren en una situación de pobreza material severa como consecuencia de la crisis. Se trata del primer fondo estatal de estas características destinado a combatir la pobreza infantil, y del cual a Ceuta llegarán 1,3 millones de euros.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha explicado que las cuantías que reciba cada comunidad autónoma se han fijado atendiendo a la tasa AROPE que emplea la UE para medir el riesgo de pobreza y de exclusión social. Los parámetros que dan lugar a dicho indicador tienen que ver con el nivel de privación material severa y con la densidad de desempleo de la zona sobre la que se aplica, entre otros factores. El recurso a este indicador suscitó el consenso de las propias Comunidades y Ciudades Autónomas, de ahí que se haya aplicado para la distribución.

Durante la reunión de la ministra y los consejeros, Rabea Mohamed defendió la validez del criterio y rechazó que la población pudiera ser determinante a la hora de proceder al reparto de fondos. En el caso de Ceuta, la consejera explicó que la presión migratoria y otros factores como la extrapeninsularidad o la alta densidad de población incrementan las necesidades y dificultan la manera de abordar el problema. Además, recordó que existe una bolsa de pobreza crónica, que no tiene nada que ver con la situación coyuntural económica, y que mientras los ciudadanos de otra localidad se benefician de las acciones que realizan sus ayuntamientos y sus gobiernos autonómicos, "en Ceuta solo hay una Administración". Por ello, defendió que si en otras ocasiones hubiera que discutir el criterio de reparto, reclamó que se tuvieran en cuenta estas circunstancias.

El Gobierno de la Ciudad agradece al Ministerio de Sanidad y a su titular, la ministra Ana Mato, que ha presidido la reunión de hoy, que haya defendido la validez del criterio consensuado por los gobiernos autonómicos, y que permitirá a la Ciudad Autónoma reforzar sus instrumentos de lucha contra la pobreza, habiéndose tenido en cuenta, una vez más, las especiales circunstancias que concurren en Ceuta.

Con ese fondo de 1,3 millones, el Gobierno de la Ciudad, en concreto, incrementará en 250.000 euros la partida que destina al Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS), que alcanzará así los 650.000 euros de presupuesto, y 300.000 más se destinarán al programa de alojamiento alternativo, cuyo importe se elevará a 1,77 millones.

La partida de ayudas sociales crecerá en otros 314.000 euros, mientras que el convenio que la Ciudad mantiene con Cruz Roja para ayuda de emergencia (alimentación, pagos de recibos de luz y agua...) se reforzará con 200.000 euros, que eleva el importe de este acuerdo a casi 524.000 euros, según la información ofrecida por la portavoz adjunta del Gobierno, Mabel Deu. 240.000 euros irán a parar a la financiación de los comedores escolares, la mitad para el programa puesto en marcha por las consejerías de Educación, Cultura y Mujer y Asuntos Sociales durante el verano y el resto de apoyo al Ministerio de Educación durante el curso escolar.

El Consejo Territorial ha aprobado otras medidas dirigidas a la atención de los colectivos más vulnerables, y una de las más importantes en este sentido ha sido la ampliación de los sectores de población que podrán a partir de ahora acceder al Fondo Social de Viviendas, es decir, al cupo de residencias que las entidades bancarias pusieron a disposición de familias y personas que no podían hacer frente al pago de sus hogares o que fueron desahuciados.

Aparte de los colectivos a los que favorecían las condiciones de acceso al Fondo, figurarán también como beneficiarios las familias con hijos menores a cargo (ya estaban las familias con hijos de hasta tres años) que tengan problemas para pagar su vivienda o que estén en riesgo de desahucio, las personas con discapacidad o dependencia para las que permanecer en su vivienda es factor de inclusión social y las personas jubiladas o prejubiladas que hayan asumido mediante avales las deudas de sus hijos o nietos, entre otros.

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