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Opinión
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Los Versos sueltos

Cuando hablamos de aforamientos, nos referimos a los privilegios que ostentan determinados tipos de persona con una posición de privilegio político, eclesiástico o militar en materia jurisdiccional. La razón, generalmente, aducida es evitar una teórica presión política de la que pueda verse sometido un tribunal ordinario, a la hora de juzgar a un determinado representante público, y se entiende que un tribunal superior es más sólido ante determinadas presiones.

En la actualidad en España hay 20.000 aforados, 10.000 de ellos de carácter político, entre los que se encuentra el Presidente del Gobierno y ministros que deberán ser juzgados por el TS; los presidentes y consejeros en las distintas CCAA pasarán a ser juzgados en el TS o en los Tribunales Superiores de Justicia, según venga indicado en el estatuto de su Comunidad; por su parte, la constitución también recoge que los miembros del Congreso de los Diputados, el Senado y la Casa Real también deben gozar de ese privilegio.

Llama la atención la inmensa diferencia en el trato a dos ciudadanos de distinta casta, y ya que no se les confiere el mismo trato a unos que a otros, imperando el poder institucional frente a la "plebe". Y sirvan como ejemplo los caso de Alemania, Reino Unido o EEUU como países que no conceden esos privilegios a sus gobernantes; o los casos de Portugal o Italia, dónde los fueros son exclusivos de los Presidentes de la República.

Tras la abdicación de Juan Carlos I, y posterior, coronación de Felipe VI, el Gobierno del Sr. Rajoy pretende, una vez más, poner diferencias entre la clase predominante y el "vulgo" aforando a una persona que ha cejado en su condición de Jefe de Estado para convertirse en un jubilado más con el privilegio de estar blindado ante determinados procesos judiciales. Hecho que demuestra una vez más que los del piso de arriba pretenden poner más diferencias con nosotros, los españolitos de a pie, a pesar de las circunstancias poco decorosas ante la justicia que salpican a la familia Borbón en nuestros días.

En definitiva, aquello de que "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", recogido en el artículo 14 de nuestra, en ocasiones obsoleta, Carta Magna queda en una broma de pésimo gusto.

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